Bancafé, 20 años después: las lecciones que fortalecieron el sistema financiero de Guatemala
Hace 20 años, Guatemala vivió uno de los episodios más relevantes de su historia bancaria reciente. El 19 de octubre de 2006, la Junta Monetaria ordenó la suspensión inmediata de las operaciones del Banco del Café, conocido como Bancafé, una entidad que representaba alrededor del 8% de los activos del sistema bancario y que registraba […]
Hace 20 años, Guatemala vivió uno de los episodios más relevantes de su historia bancaria reciente.
El 19 de octubre de 2006, la Junta Monetaria ordenó la suspensión inmediata de las operaciones del Banco del Café, conocido como Bancafé, una entidad que representaba alrededor del 8% de los activos del sistema bancario y que registraba depósitos por Q6 mil 776.5 millones, distribuidos en aproximadamente un millón de cuentas.
El cierre marcó a miles de clientes y puso a prueba los mecanismos de protección del ahorro. Aunque se logró cubrir la totalidad de los depósitos, la recuperación de los recursos y los procesos judiciales se prolongaron durante años.
Dos décadas después, el caso permite reconstruir lo ocurrido y observar cómo ha evolucionado el sistema financiero guatemalteco.
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Para Sergio Recinos, expresidente del Banco de Guatemala, uno de los resultados fue contar con un sistema financiero mejor supervisado y con mayor fortaleza. Sin embargo, considera que todavía hay reformas pendientes para mejorar.
Por su parte, Erick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), destacó la importancia de detectar señales tempranas, exigir el cumplimiento de las medidas correctivas y fortalecer la educación financiera de la población.
¿CÓMO OCURRIÓ?
La decisión no llegó de la nada. La Superintendencia de Bancos había advertido sobre problemas en el cumplimiento de disposiciones regulatorias y había requerido medidas para corregirlos.
La Junta Monetaria resolvió suspender las operaciones mediante la resolución JM-120-2006, del 19 de octubre de ese año, después de recibir el informe de la Superintendencia de Bancos sobre el incumplimiento del plan de regularización al que estaba sujeta la entidad.
Entre las disposiciones de ese plan figuraban restricciones para otorgar financiamiento adicional a Bancafé International Bank (BIB), una entidad que formaba parte del mismo grupo financiero y operaba desde el extranjero.
También se establecieron requisitos relacionados con la negociación de la participación accionaria de las empresas integrantes del grupo.
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Uno de los puntos más delicados fue precisamente la relación entre Bancafé y Bancafé International Bank. Las operaciones entre entidades vinculadas pueden ser legítimas, pero requieren controles que permitan identificar y limitar la exposición a riesgos compartidos.
En este caso, la entidad internacional tenía activos expuestos a la crisis de Refco, un episodio que afectó a los mercados financieros. La situación puso de manifiesto la relación entre las operaciones de las empresas de un mismo grupo y la importancia de evaluar los riesgos de manera integral.
El banco no cumplió satisfactoriamente el plan de regularización que le había sido impuesto y la Junta Monetaria decidió detener sus operaciones.
Para Recinos, el caso dejó una lección sobre la importancia de que las medidas correctivas se apliquen oportunamente.
La supervisión, explicó, no consiste solamente en revisar balances o emitir advertencias; también exige que las entidades cumplan las disposiciones, que los riesgos se identifiquen con anticipación y que las autoridades actúen cuando las soluciones requeridas no llegan.
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LOS NÚMEROS DE LA DEBACLE
Según el Banco de Guatemala, al momento de la suspensión, Bancafé registraba depósitos en moneda nacional y extranjera por Q6 mil 776.5 millones, correspondientes a aproximadamente un millón de cuentas.
Para atender a los depositantes, las autoridades pusieron en marcha un mecanismo de exclusión de activos y pasivos y recurrieron al Fondo para la Protección del Ahorro (FOPA).
El fondo aportó Q1 mil 600 millones a un fideicomiso que debía complementar esos recursos con lo obtenido de la realización de los activos excluidos. La Junta de Exclusión de Activos y Pasivos eligió este mecanismo con el propósito de cubrir la totalidad de los depósitos, en lugar de limitar la cobertura a la garantía individual establecida por el fondo.
De acuerdo con el informe del FOPA, el aporte de Q1 mil 600 millones representó el 78.2% de los Q2 mil 047 millones que habría requerido la cobertura si se hubiera optado por garantizar a cada depositante hasta el límite previsto. La diferencia fue de aproximadamente Q447 millones.
El mecanismo permitió cubrir el 100% de los depósitos. El aporte del fondo equivalió al 23.6% del total de las obligaciones depositarias de Bancafé.
La medida permitió atender a los ahorrantes y resolver una de las principales preocupaciones inmediatas que surgieron tras el cierre.
Sin embargo, el proceso no concluyó con la devolución de los depósitos: también era necesario administrar los activos excluidos y recuperar los recursos utilizados.
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EL FRENTE JUDICIAL
La suspensión de operaciones abrió otro capítulo: la recuperación de los recursos y los procesos judiciales relacionados con el caso.
Las investigaciones incluyeron señalamientos sobre posibles delitos financieros y transferencias de recursos. La duración de estos procedimientos mantuvo el caso en la agenda pública durante años, incluso después de que los depósitos fueran cubiertos.
La recuperación de los activos también formó parte de ese proceso. Los recursos obtenidos de la realización de los bienes y las carteras excluidas eran relevantes para complementar el aporte del FOPA y determinar el resultado financiero de la operación.
La historia de Bancafé muestra que la resolución de una entidad financiera comprende distintas etapas: la suspensión de operaciones, la atención a los depositantes, la administración de los activos y los procesos judiciales que puedan derivarse de los hechos investigados.
MECANISMOS DE CONTROL FORTALECIDOS
A dos décadas de la caída de Bancafé, el sistema financiero guatemalteco cuenta con mecanismos para intervenir entidades en problemas y proteger a los depositantes.
Recinos lo dice de manera contundente: “el resultado fue efectivamente contar con un sistema financiero mejor supervisado y con mayor fortaleza. Se mejoraron algunos aspectos relacionados con el manejo de riesgos de liquidez, de crédito, de seguridad informática, de lavado de dinero, entre otros aspectos”.
El episodio también dejó claro que una crisis bancaria no se limita a la situación de una institución. Las operaciones entre entidades relacionadas, la exposición a riesgos externos, el cumplimiento de las disposiciones regulatorias y la capacidad de las autoridades para actuar pueden terminar teniendo consecuencias para todo el sistema.
Sin embargo, la existencia de esos instrumentos no basta por sí sola para garantizar que una crisis pueda prevenirse o resolverse sin costos.
Para Erick Coyoy, también importa la capacidad de las autoridades para detectar señales tempranas, exigir el cumplimiento de las medidas correctivas, vigilar las operaciones entre empresas relacionadas y recuperar la mayor cantidad posible de los activos cuando una entidad deja de operar.
“Es necesario fortalecer los esfuerzos de educación financiera que se brindan a la población en general para que tengan los conocimientos necesarios para tomar decisiones en materia financiera con el fundamento adecuado”, agregó el analista.
VEINTE AÑOS DESPUÉS: UN SISTEMA MÁS FORTALECIDO
Dos décadas después, el sistema financiero guatemalteco es distinto al que enfrentó aquella crisis.
Para Recinos, uno de los resultados de ese proceso fue contar con “un sistema financiero mejor supervisado y con mayor fortaleza”. Según explicó, después de aquellos episodios se mejoraron aspectos relacionados con el manejo de los riesgos de liquidez y crédito, así como de seguridad informática y prevención del lavado de dinero, entre otros.
El sistema también cuenta hoy con mecanismos para intervenir entidades en problemas y proteger a los depositantes, además del Fondo para la Protección del Ahorro y procedimientos específicos para la exclusión de activos y pasivos cuando una institución deja de operar.
Esto no significa que el riesgo haya desaparecido, refirió el experto,- Ningún sistema financiero está completamente aislado de los problemas de una entidad, de los mercados internacionales o de una gestión inadecuada; la diferencia está en la capacidad para identificar las señales, contener los riesgos y actuar antes de que una dificultad pueda convertirse en un problema mayor.
Para Coyoy, también es necesario mantener los esfuerzos para detectar señales tempranas, exigir el cumplimiento de las medidas correctivas, vigilar las operaciones entre empresas relacionadas y fortalecer la educación financiera de la población.
“Es necesario fortalecer los esfuerzos de educación financiera que se brindan a la población en general para que tengan los conocimientos necesarios para tomar decisiones en materia financiera con el fundamento adecuado”, agregó.
Por eso, veinte años después, el caso Bancafé puede leerse desde dos perspectivas.
Es el recuerdo de una crisis que afectó a miles de ahorrantes y que dejó procesos abiertos durante años, pero también es parte de la historia que ayudó a impulsar cambios en la supervisión y en los mecanismos de protección del ahorro.