La Sala Cuarta de Apelaciones Penal conoció una recusación planteada por abogados defensores del actual Ministro de Gobernación de El Salvador, Juan Carlos Bidegain Hananía, quien es requerido en el país tras pesar una orden de captura en su contra por un señalamiento de maltrato contra personas menores de edad, caso por el cual el funcionario salvadoreño denunció a su denunciante, en la que la acusa de calumnia y difamación.

Originalmente, desde 2015, la juez duodécima del Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal para delitos de acción privada, Teresa de Jesús Amperez, giró orden de captura contra el actual funcionario salvadoreño, luego que su esposa Silvia Patricia Townson lo denunciara desde 2012 por un caso de maltrato y violencia contra sus hijos.

Según Townson, Bidegain, valiéndose de sus influencias en El Salvador y Guatemala, encontró la formas de evadir la justicia, por lo que los procesos por este caso han sido modificados a favor del funcionario, evitando incluso el pago de pensiones alimenticias a favor de sus hijos.

A lo largo de los últimos años, la esposa de Bidegain asegura que el proceso no solo se lleva en el Salvador, donde un juzgado de ese país ya cerro el proceso, sino también en Guatemala donde ha interpuesto más de 12 de denuncias, pero acusa al Ministerio Público (MP) de intentar cerrar los procesos, pero a la fecha sigue vigente.

Townson afirma que en 2021, luego que el presidente salvadoreño Nayib Bukele decide nombrar a Bidegain como ministro de Gobernación, este adquirió inmunidad y presuntamente uso sus influencias para cerrar el proceso, dado que en Guatemala aún no se deja sin efecto la orden de captura en su contra, este interpuso una denuncia en su contra, señalándola de generar daños a su honor y la acusó de calumnia y difamación.

Con la denuncia, el ministro solicita que Townson le haga un pago de US$500 mil por los daños y perjuicios que ha provocado el caso en su contra promovido por su esposa, ya que según manifiesta, su matrimonio aún sigue avalado en Guatemala.

LA RECUSACIÓN

Según Óscar Colindres, defensor de Bidegaín en Guatemala, desde que se colocó la denuncia contra Townson, el caso no ha avanzado por diversas recusaciones.

Colindres explicó, que el caso cayó en manos de un juez a quien Townson recusó por dudar de su imparcialidad, situación que la Sala de Apelaciones respectiva aceptó y decidió cambiar al juzgador, nombrando a la juez Teresa de Jesús Amperez para conocer la misma.

La defensa de Bidegain afirmó que la juez no podía conocer la denuncia interpuesta por su patrocinado, pues es la misma juzgadora que en 2015 le giró la orden de captura, por lo que su imparcialidad podría verse comprometida.

No obstante, la Sala Cuarta de Apelaciones Penal rechazó la petición de la defensa del ministro al asegurar que no hay causal probada para que se haga el cambio de la juzgadora.

REACCIONA A PROCESO

En este caso, Bidegaín alega que la denuncia de Townson en su contra, le generó problemas a su honra y por eso busca ser resarcido, pero su esposa afirma que no existe tal daño, pues a pesar de las denuncias y los procesos abiertos en contra de este, Bukele decidió darle un cargo dentro de gobierno. «Él ascendió, dónde está el daño ahí», afirmó.

Según explica la esposa, su matrimonio con el ministro sigue válido en Guatemala y, por lo tanto, dadas las constantes negativas, esta sigue exigiendo el pago de pensiones alimenticias para sus, pues por medio de un juzgado en El Salvador, se le eximió de esta responsabilidad a Bidegain.

No obstante, la defensa del ministro afirma que desde enero de 2021, estos han estado certificando los pagos que se da por este concepto a Townson y afirman que han pagado desde entonces Q8 mil mensuales a la fecha.

Hasta ahora, el caso original por el cual se abrió proceso contra Bidegain sigue su curso y las órdenes de captura también. Según sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) emitida el 5 de mayo de 2020, la solicitud de extradición contra el ministro está firme, por lo que queda en manos de las autoridades guatemaltecas hacer el requerimiento respectivo.