La responsabilidad ciudadana se construye a partir de actitudes proactivas, éticas, empáticas y coherentes. En ese sentido, los guatemaltecos poseen un gran sentido de solidaridad, colaboración y participación en buenas causas en múltiples áreas de la vida. Uno de los grandes desafíos actuales es el abordaje de la seguridad ciudadana, que primordialmente recae sobre las autoridades policiales y de Gobernación, pero que a la larga nunca puede prescindir de la alerta cívica acerca de posibles actos delictivos.

La iniciativa global Crime Stoppers no solo tiene representación en Guatemala, sino que ha impulsado algunas dinámicas muy eficientes para la detección de riesgos y posibilitar la denuncia ciudadana anónima para verificar posibles ilícitos. El nivel de logro alcanzado obtuvo para la filial guatemalteca el premio Innovation in Tackling Crime (innovación en atajar delitos), básicamente gracias a la implementación de un número de WhatsApp que, de manera confidencial, permite el aviso de actividades delictivas.

Ese sistema, con la seguridad del anonimato total, ha sido un exitoso ejercicio de confianza ciudadana, vital para poder fortalecer el combate institucional de la violencia, la impunidad y el miedo. Desde su lanzamiento, en el 2024, el sistema ha demostrado resultados tangibles. Las denuncias por canales digitales crecieron 66% en un año, y 850 investigaciones se abrieron. Esto es muy llamativo en un país donde hasta hace poco tiempo muchas víctimas o testigos preferían callar, por temor a arriesgar su vida o las de sus familiares.

Además, existe el número telefónico 1561 para llamadas de audio, también encriptado y confidencial, el cual opera con un sistema compartimentado que no permite intrusiones ni injerencias. El canal digital Tupista.gt es la tercera vía al servicio de todo ciudadano, para poder tener un puente directo con las autoridades de seguridad. En esa misma ruta de servicio público, es un honor para Prensa Libre haber recibido también un reconocimiento de Crime Stoppers Internacional, por la labor de difusión y educación ciudadana sobre la importancia de reportar delitos.

Este doble reconocimiento —a la tecnología y al periodismo— evidencia que la seguridad de las comunidades es una tarea de todos. Pero ese mismo entusiasmo no debe obnubilar ni hacer perder de vista los duros desafíos de criminalidad que vive el país. Repuntes de violencia, asedio de extorsiones y recomposición de mafias son procesos perversos que ocurren de manera subrepticia, pero con efectos muy públicos, a menudo acicateados por oscuros nexos y ambiciones.

Por otra parte, la denuncia es solo el primer paso de un ciclo. No hay solución mágica, pero tampoco hay que caer en la resignación de creer imposible la salida a este agobiante desafío. Se necesitan instituciones de investigación que respondan con eficacia y equidad, sin distingos politicoides ni agendas prefabricadas. Solo las pesquisas profesionales, técnicas y objetivas pueden aportar evidencias para la aplicación de la ley. Y aquí entra la participación de jueces y magistrados, llamados a defender el bien común, con apego al Estado de derecho, pero con respeto al espíritu de las normativas sancionatorias.