El caso ocurrido en el hospital del IGSS de Escuintla, donde el Ministerio Público (MP) señaló una posible simulación de delito relacionada con la supuesta desaparición de un recién nacido, ha reavivado la discusión sobre lo que establece la ley guatemalteca para estos hechos.

De acuerdo con el Código Penal de Guatemala, en su artículo 454, se considera delito simular la existencia de hechos que puedan dar lugar a actuaciones judiciales o administrativas. La sanción puede ser de prisión deseis meses a dos años, dependiendo de la gravedad del caso.

Este delito, según la normativa, suele ser investigado cuando se advierte que una denuncia carece de sustento y busca desviar recursos del sistema de justicia.

En casos que ha seguido el MP, se ha demostrado que algunas personas presentaron hechos falsos y que las penas se han agravado cuando la simulación provocó la movilización de operativos o recursos de las entidades encargadas de investigar.

El artículo 454 describe:

• Simulación de delito: Se describe que la simulación la comete “quien falsamente afirme ante funcionario administrativo o judicial que se ha cometido un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio, o simulare la existencia de pruebas materiales con el fin de inducir a la instrucción de un proceso”.
• Pena: Se establece una sanción con prisión de seis meses a dos años.

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Casos previos en Guatemala

No es la primera vez que en Guatemala se registran hechos de simulación de delito.

Aunque no son casos comunes, se han documentado, sobre todo relacionados con la simulación del delito de secuestro.

En octubre del 2021, el MP informó sobre una mujer que fue condenada a dos años de prisión inconmutables luego de hacerle creer a su esposo que había sido secuestrada, debido a problemas de deudas. El caso ocurrió en Ciudad Satélite, Mixco, donde exigía Q50 mil para su liberación mediante llamadas desde un teléfono público, haciéndose pasar por victimaria.

Un día antes del pago, el Comando Antisecuestros verificó que la mujer era quien había hecho las llamadas, por lo que fue aprehendida ese mismo día.

En Escuintla, la Fiscalía contra Secuestros del MP detuvo a tres personas por simular un secuestro, incluida la supuesta víctima en noviembre del 2018. La denuncia inicial reportaba amenazas y la exigencia de Q300 mil para la liberación del joven, pero las autoridades determinaron que todos los involucrados actuaron de común acuerdo.

Ese mismo año, un hombre fue condenado a seis años de prisión inconmutables por extorsión, tras fingir su propio secuestro, según el fallo de un juzgado de Quiché. La Fiscalía contra Secuestros demostró que el sindicado exigió Q300 mil a su familia desde su celular a cambio de no matarlo. El caso se inició el 12 de mayo de 2018, cuando su suegro denunció su desaparición.

La investigación reveló que el hombre había simulado el secuestro y trabajaba en una peluquería en Chiché, generando temor y obligando a su familia a intentar pagar un rescate.

Según un análisis de la Universidad de San Carlos de Guatemala, estos casos muestran que la simulación puede responder a diversos motivos: obtener atención o apoyo económico, lucrar, vengarse o encubrir otra falta o delito real.

La simulación de un secuestro no está tipificada como delito específico, por lo que se ha propuesto regular jurídicamente ese comportamiento.

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