Son parte del argot policial ciertas frases como “fue un ataque directo“, “se investigará para dar con los responsables, “se siguen varias líneas de investigación”, “las pesquisas buscan establecer si la agresión fue por delincuencia común” y otras más que giran en los medios informativos periodísticos y ahora también en las redes sociales, en donde se entrecruzan señalamientos, versiones y también conmociones. Eso sí, es innegable la paulatina caída, durante los últimos tres lustros, en las tasas de muertes por violencia, incluyendo al año 2024, que fue históricamente el que menos homicidios tuvo. Sí, pero…

En enero de 2025 se registraron 252 homicidios, 25 más que en el mismo mes del año anterior. De esa cuenta, la tasa interanual aumentó levemente, de 16 homicidios por cada cien mil habitantes a 16.1; paradójicamente, el índice de denuncias ciudadanas de nueve delitos —que incluyen homicidios, secuestros, violaciones, lesiones, extorsiones, robos de vehículos y atracos en viviendas— se redujo 1.5%, lo cual deja entrever temor o también desconfianza hacia la efectividad en el actuar de las autoridades, tanto de la PNC como del Ministerio Público.

Amplia conmoción causó el asesinato del alcalde de Chuarrancho, Gerson Ajcuc, el miércoles 26, a plena luz del día, en la ruta al Atlántico, cuando se dirigía de regreso a su municipio tras haber participado en una reunión del Codede de Guatemala. Los perpetradores se conducían en dos motocicletas, una en la que llegó el atacante y otra en la que escapó, por el carril contrario de la carretera, lo cual apunta a una posible premeditación. El jefe edil supuestamente contaba con escolta de seguridad, pero no lo acompañaba en ese momento. Y si así ocurre con un funcionario, ¿qué puede esperar la ciudadanía? Las “pesquisas correspondientes” deben dar respuestas.

Ese mismo miércoles, varios ciudadanos murieron en sucesos armados; ayer, en San José Pinula, una pareja en motocicleta fue atacada. Y no vamos a enumerar todos los casos del mes, pues no alcanzaría el espacio. Lo cierto es que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Bernardo Arévalo se encuentra ante un intríngulis que entraña posibles represalias de pandilleros trasladados a cárceles de máxima seguridad, ajustes de cuentas entre bandos mafiosos y la continuación de ejecuciones ordenadas por extorsionistas desde la cárcel. Si un reo de altísima peligrosidad puede seguir transmitiendo sus ocios por TikTok desde prisión, ¿qué más no podrán hacer? Y el metamensaje, deleznable, es que los barrotes aún no son suficientes para frenar el asedio criminal.

Algunos departamentos del país y zonas capitalinas exhiben las mayores cifras de homicidios, pero este factor geográfico solo refleja parte de la problemática y no es conveniente caer en la estigmatización, pues en todas las zonas y departamentos hay pobladores honrados, decentes y trabajadores que padecen, eso sí, el temor a ser víctimas de maleantes. La Policía Nacional Civil debe evolucionar y tener mejor capacitación. El reciente ataque a un agente en Chimaltenango al intentar controlar un corro de borrachos evidencia la debilidad de los protocolos de intervención.

Así también, el Ministerio Público y los tribunales de justicia deben emprender, cada uno, sus revisiones y ajustes para hacer frente a la ola violenta. Las denuncias ciudadanas son clave, pero si buena parte de ellas son desechadas para cumplir con supuestas metas de logro, solo se están inflando cifras. Es vital la cooperación inteligente, proactiva y objetiva entre instituciones del Estado para proteger la vida, la integridad y los bienes del ciudadano. Cualquier otra práctica tendiente a simular resultados en papel es pura superchería.