El decreto número 21-2025 del Congreso, que reforma la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (16-2010) y otras leyes, fue publicado este lunes 29 de diciembre en el Diario de Centro América y entrará en vigor el 6 de enero del 2026.

El decreto contiene 46 artículos que modifican el decreto número 16-2010, también conocido como la Ley de Anadie o de Alianzas Público-Privadas (APP), para la inversión en proyectos.

Cambia la forma en que hasta ahora se habían gestionado los proyectos de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), la cual será sustituida por la Agencia Nacional de Infraestructura, que se conocerá como ANI.

Entre otras modificaciones, el artículo 27 —que reforma el artículo 62 de la ley de APP— aprueba el modelo para la evaluación y aprobación de proyectos, el cual detalla los pasos para concretar un plan de alianza público-privada.

En este nuevo marco, los contratos deberán ser aprobados por el Congreso de la República únicamente cuando se trate de servicios públicos impulsados por instituciones del Estado, entidades descentralizadas o autónomas. Si no se incluye servicio público o son impulsados por municipalidades o mancomunidades, serán aprobados únicamente por el Consejo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Además, se establece que, en caso de controversia en un proyecto en marcha, este no quedará suspendido, salvo que así se haya pactado expresamente en el contrato.

Presupuesto de la ANI

La nueva entidad contará con una asignación presupuestaria, según lo establece el artículo 43 del decreto:

• Q50 millones para la operación del fondo de capital privativo, dentro del presupuesto del ejercicio fiscal vigente.
• Q100 millones para preinversión de proyectos e iniciativas en ese fondo.
• Q400 millones para la contingencia de proyectos del fondo.
• Q2 mil millones para la garantía de proyectos del fondo de la ANI.

Estos recursos serán financiados con saldos de caja provenientes del tesoro.

Visiones institucionales

Consultado sobre los efectos de las reformas, el director ejecutivo de Anadie, Kevyn Valencia, opinó que representan un avance en la consolidación del modelo de alianzas público-privadas.

A su juicio, las reformas facilitan no solo el desarrollo de los proyectos, sino también los ciclos que estos conllevan, lo cual refuerza una visión basada en indicadores de servicio y estándares de calidad. Además, impulsan una segunda generación de proyectos enfocados en sectores estratégicos, con una alta participación de municipalidades y mancomunidades.

Valencia indicó que las reformas actualizan el marco legal de las APP en Guatemala, alineándolo con experiencias exitosas en países como Chile, Perú y Colombia.

Agregó que también se reconoce a la ANI como ente rector en materia de alianzas, con la función de unificar criterios entre las instituciones contratantes del Estado, las entidades involucradas en los ciclos de los proyectos y quienes aprueben los estudios definitivos de ingeniería, para reducir los tiempos de aprobación.

El nuevo modelo reconoce que no todos los proyectos representan deuda pública y que, en los casos que sí lo hagan, requerirán de aprobación por parte del Congreso en un único acto legislativo. Esto reducirá significativamente el tiempo de aprobación de contratos. En la única APP registrada hasta ahora —la autopista Escuintla–Puerto Quetzal— el proceso tomó más de dos años.

Valencia afirmó que, más que facilitar los proyectos, las reformas les otorgan certeza jurídica y un proceso más expedito para su aprobación. A su criterio, esto derivará en nuevos portafolios con mejores estudios y atraerá conocimientos y gestión de entidades extranjeras aliadas con nacionales.

Por su parte, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, señaló que además del cambio de Anadie a ANI, se introducen plazos estrictos y se fortalece la transparencia fiscal. En su opinión, esto facilitará el avance de proyectos al reducir la burocracia y atraer inversión privada.

“Las reformas facilitan el avance al declarar de interés nacional las APP y crear un Banco de Proyectos con fases claras (identificación, estructuración, licitación, construcción y reversión)”, explicó. También permitirán contrataciones directas para estudios iniciales y evitarán paralizaciones por controversias contractuales.

Proyectos estratégicos

Zapata destacó que los proyectos que más podrían avanzar son los de infraestructura estratégica de gran escala, gracias a mecanismos como el diálogo competitivo y fondos dedicados, entre estos:

• Transporte (carreteras y vialidad), por su impacto productivo y financiamiento mixto.
• Proyectos municipales y estatales bloqueados, con opciones para destrabar contratos y facilitar la participación privada.

Con estas reformas también se podrían ejecutar las radiales previstas en el Plan Metropolitano de Movilidad, financiado con cooperación coreana (KOICA), expuso Zapata.

Durante el proceso de aprobación de la ley, algunos diputados intentaron excluir a los representantes del Cacif del Consejo de la ANI, pero la propuesta no fue aprobada por el pleno.