Decir que el Ministerio Público usa doble rasero para investigar casos de corrupción es poco cuando la evidencia confirma que lo que hay son raseros no solo distintos sino totalmente opuestos. Hoy podemos ver que la FECI anuncia con bombos y platillos, con la ayuda de las redes afines, una investigación contra el Presidente de la República, su hermano y otras figuras públicas, por un caso relacionado con supuestos negocios en los puertos, supuestamente para beneficiar a empresas chinas. Al mismo tiempo, sin embargo, se conoce el anuncio del Ministerio de Salud Pública que ordenó el cierre temporal de La Botica, empresa que hizo millonarios negocios en tiempos de Giammattei, especialmente con el IGSS, luego que la pareja gobernante colocara en la presidencia del Instituto a José Adolfo Flamenco Jau.

La Botica había sido denunciada por la Intendencia de Verificación Especial -IVE- por transacciones sospechosas producto de esos multimillonarios negocios y es pública la estrecha relación entre Miguel Martínez, su pareja Alejandro Giammattei y el dueño de la empresa “farmacéutica”, Jairo Ponce, conocido como El Cuto, nombre que el pasado gobierno dio a un puente reconstruido. Años han pasado desde que se empezó a mencionar esa tenebrosa vinculación y el MP no ha movido un dedo.

Han transcurrido 481 días desde que Martínez dejó de ser, formalmente, el Jefe de Jefes luego de que su pareja sentimental dejó el cargo de Presidente de la República y ningún caso de corrupción, incluyendo las denuncias que hizo la SAT con el caso B410, ameritaron alguna acción. En cambio, el caso de los puertos en el que vinculan al Presidente Arévalo, está corriendo a pasos agigantados.

Por supuesto que si hay corrupción en el manejo de los puertos para beneficiar a empresas chinas tiene que aplicarse la ley con total severidad, cosa que afirma el Ministerio Público diciendo pomposamente que “nadie es superior a la ley”, a lo que debieran poner un asterisco para señalar, con paréntesis, *(salvo Giammattei y Miguelito). Y es que resulta abrumadoramente obvia la existencia de esos raseros opuestos, uno que pone los casos a dormir el sueño de los justos y otro que acelera todas las acciones que puedan desarrollarse para buscar un antejuicio y remover de la Presidencia a Arévalo.

Nosotros no estamos defendiendo a este gobierno porque clara y abiertamente sí sostenemos que, como debiera ser en todos los casos, “nadie es superior a la ley” y quien incurriere en delito debe ser sancionado. Pero marcar el contraste es indispensable porque se esparce un muy mal olor cuando se nota esa radical y profunda diferencia de actitud para unos y otros casos, sobre todo para proteger a capa y espada a quien los llamó “vieja P…” e “Indio C…”.