Malsana costumbre se ha enraizado en ciertos grupos de guatemaltecos: impedir al resto, o más bien a la mayoría, de ciudadanos la posibilidad de circular libremente por calles y carreteras públicas. El mínimo pretexto, conflicto o inconveniente de colonias o comunidades se usa como excusa
—inaceptable— para cerrar el paso a quienes se dirigen a su centro de estudios, a su trabajo, a efectuar un negocio, a entregar mercadería para poder ganarse el sustento. El bloqueo de calles y carreteras es ilegal por principio, porque violenta un derecho personal y nacional. El cierre de vías es la anulación de lo que dice defender.

Dicho sea lo anterior, ante la jornada de atropellos cometidos ayer por supuestos grupos de vecinos y pilotos de vehículos que se oponen a adquirir un seguro de responsabilidad de accidentes, estipulado por ley desde hace décadas pero cuyo cumplimiento no había sido requerido por ningún gobierno. No es que hayan sido “comprensivos” o “empáticos”, sino simples demagogos con discursos populistas, como la sarta de diputados que anuncian acciones legales contra un requisito establecido en la Ley de Tránsito. Curiosamente, entre tales farsantes hay algunos diputados ponentes y votantes del inicuo e ilícito aumento de sueldo autorrecetado.

Ahora bien, el cumplimiento de leyes vigentes no es negociable, sobre todo si se han relegado por largo tiempo. Claro, algunos de los partidos demagogos que hoy se quieren plantar como falsos salvadores. Están acostumbrados a burlar la Ley Electoral, a sobrepasar techos de financiamiento de campaña, hacer campaña anticipada y hasta recibir dineros sucios bajo la mesa. Lástima que no existe un seguro contra estafas electoreras porque su deducible sería enorme y lo pagarían los mismos partidos facinerosos.

El Ministerio de Gobernación eligió un extraño momento para exigir la medida, hizo el anuncio de manera súbita y en un plazo efectivo de un mes, si se toman en cuenta los días que abarca el asueto de Semana Santa. Quizá pueda establecerse un cronograma más realista pero, igual, inminente. Cuando hay tragedias viales, las redes sociales se llenan de reclamos sobre prevención y cumplimiento de la ley. Quienes poseen vehículo para transportarse o como medio de trabajo deben reconocer que se trata de una obligación ética y legal velar por terceros y sus bienes. Muchos conductores ya lo hacen. ¿Por qué el resto no?

Se anunciaron para hoy nuevos cierres viales y cuatro caravanas de buses que implicarán un bloqueo móvil que durará horas, costará combustible y tiempo que más bien deberían abonar para pagar su seguro. En una carta, transportistas solicitaron “permiso” para efectuar tal exhibición de fuerza a fin de oponerse a cumplir la ley. Eso es vergonzoso porque solo muestra su falta de voluntad para asegurar a sus pasajeros. Si no desean seguir prestando el servicio en condiciones seguras y de máxima garantía de seguridad a los pasajeros, que devuelvan las licencias. Pero que no pretendan proseguir la inercia de conformismo, mediocridad e imprudencia que ha causado cientos de muertes y miles de heridos.

Respecto de los automovilistas y motociclistas, sí, el seguro trae un costo adicional, pero es a la vez una protección contra eventuales gastos de reparación en un percance. Politiqueros embaucadores saltan a las calles para hacer protagonismo viral: nótese la palabra usada. Son virus de un síndrome de impunidades, indolencias y necedades que debe terminar. El seguro de responsabilidad civil es una materia pendiente desde hace décadas y es tiempo de cumplirla. Démosle buen ejemplo a nuestros hijos.