Durante dos días, un grupo de sindicalistas de la portuaria Santo Tomás de Castilla mantuvo como rehenes a la productividad, el comercio y el abasto de combustibles del país. Este grupo de empleados del Estado suspendió las operaciones de carga y descarga en dicho puerto, como chantaje para forzar la continuidad del pago de onerosas y discrecionales horas extras, establecidas en dudosos memos. No les importaron las pérdidas ocasionadas ni los repetidos llamados de diversos sectores productivos, ni el impacto de contratos afectados o perdidos. Hubo buques que zarparon, siguiendo su ruta, sin cargar o descargar. La sola muestra de prepotencia debería ser razón para deducir responsabilidades civiles y penales.

La fuente del descontento fue el control del cumplimiento de las horas efectivas laboradas por cada uno de estos operarios, algunos de los cuales se pasaron de listos al reportar irreales e irrisorias jornadas de trabajo de hasta 18 horas diarias, incluyendo en este combo supuestos horarios normales, además de tiempo extra y dobles horas extras, en un esquema fraudulento y lesivo para el Estado.

Las autoridades portuarias también señalaron la suplantación de labores: para operar cierta maquinaria de carga y descarga es necesaria, en algunos casos, la operación colaborativa de dos personas, por razones de seguridad y precisión. Sin embargo, en algunos casos, se dividían las jornadas de 8 horas: cada empleado únicamente se desempeñaba la mitad del tiempo y la otra mitad la dedicaba a sus menesteres personales, pero ambos trabajadores reportaban jornada completa y recibían sendos salarios. El intento de poner coto a estas discrecionalidades habría sido el motivo del sabotaje, según declaraciones de funcionarios a medios de comunicación.

Esa procura de privilegios y prebendas, a menudo arcana, con tratos bajo la mesa, pero que se trata de vender como “heroicas conquistas” y “luchas colectivas”, constituye una de las mayores distorsiones de los fines de varios sindicatos de servidores públicos. El reciente paro del sindicato jovielista de educación, ilegal y cuyos impactos aún resienten miles de estudiantes que ahora deberán hacer dobles jornadas para ponerse al día, es otra muestra de los abusos a los cuales conduce la prepotencia. La cerrazón dogmática, el discurso intransigente y los “diálogos” bajo chantaje integran una fórmula que pervierte la verdadera misión de la organización laboral legítima.

Los trabajadores portuarios son prestadores de un servicio público con serias implicaciones de la seguridad nacional en todos los órdenes. Y hablando de ese tema, no son nuevas las sospechas del uso de instalaciones portuarias para trasiegos. A lo largo de varios gobiernos se denunciaron, por ejemplo, apagones de sistemas de revisión no invasiva —por supuestas fallas eléctricas—. No sería descabellado cuestionar si el caos de 48 horas obedeció también a otros propósitos. Cabe recordar que está próxima una revisión de la seguridad y procesos de puertos guatemaltecos por parte de la Guardia Costera de EE. UU.

Aunque haya cesado, el paro fue abiertamente ilegal, altamente riesgoso y claramente dañino para el país, pero sirve para exhibir la alta vulnerabilidad de Guatemala ante este tipo de abusos unilaterales que están muy lejos de estar amparados por cualquier pacto sindical. Se deben transparentar y auditar, con uso de tecnología, los reglamentos salariales. Pero también se deben sentar precedentes, para garantizar que este tipo de sabotajes nunca más se repita: porque no solo bloquearon un puerto, sino a toda la Nación.