Esta pregunta inspiró el simposio organizado en 1970 por el Colegio de Abogados de Nueva York y constituyó un grito desesperado ante un sistema de justicia fallido y la falta de la fidelidad radical a la ley. La violencia que se vivía entonces en aquella ciudad fue, posiblemente, una de las causas de esta desesperanza, pero también lo fue la percepción de una dimensión del mal, que se expresaba en impunidad desde las mismas instancias encargadas de hacer justicia y que socavaba la relación moral entre la ciudadanía y la ley. Fue entonces cuando comenzaron las campañas de desobediencia civil en aquella ciudad.

Es momento de hacernos la misma pregunta en Guatemala: ¿Ha muerto la ley? ¿Cuál es la dimensión del mal que se quiere entronizar en el aparato de este corrupto narcoestado, indefinidamente? ¿Hasta dónde está dispuesto el pacto de corruptos a pelear por sostener la acostumbrada pluto-cacocracia (gobierno de los ricos y ladrones)? ¿Hasta cuándo el sistema de justicia volverá a ser radicalmente fiel a la ley? ¿Hasta dónde y hasta cuándo dejará el gobierno del presidente Arévalo que sigan actuando tan maliciosamente los operadores del pacto de corruptos?

Recuerdo que, una vez, hace ya muchos años, un estudiante de la Universidad del Valle me preguntó, al final de una larga conversación sobre Guatemala y su lento avance democrático: “¿Entonces, lo que usted nos está diciendo es que nosotros tenemos que hacer lo que su generación y las anteriores no pudieron hacer?”. Respondí que, una pregunta compleja nunca tendría respuestas sencillas ni breves, que la historia no es lineal y que cada generación debe hacer avanzar la justicia, la democracia y un Estado de derecho para toda la ciudadanía. Lo que no hubo tiempo de decir es que, sin un sistema de justicia que sea radicalmente fiel a la ley y sin una ley que a su vez sea radicalmente fiel a los derechos y la dignidad humana de la ciudadanía, esto no avanzaría jamás.

En este continuum de crisis que ha sido Guatemala, enfrentamos otro momento decisivo, que nos pone contra la pared. La intención del pacto de corruptos de desestabilizar al gobierno de Arévalo antes de 2026 es clara, y un terrorismo de Estado se ejerce “a la carta” desde las instancias encargadas de aplicar la ley. La criminalización de quienes se atreven a denunciar la corrupción continúa y es indispensable preguntarnos si vamos a resignarnos a ver morir la ley o haremos algo al respecto. No hay tiempo que perder porque, como he insistido más de una vez, en política el tiempo es tan importante como la estrategia y la organización ciudadana ha de equipararse a la dimensión del mal que mina nuestra confianza en la justicia.

El malestar ciudadano crece en una Guatemala cansada, frustrada, indignada y sin justicia, mientras que el pacto de corruptos, desde sus operadores en el sistema, sigue tratando a quienes expresan su malestar contra un orden históricamente perverso como delincuentes comunes a los cuales hasta se les exigen pruebas de autosacrificio absurdas: cárcel o exilio. Es tan parecido a lo que pasaba en aquella desesperada Nueva York de hace medio siglo, donde el orden criminal prevalecía. En una democracia plena, ningún ser humano es castigado por decir su verdad, pero en Guatemala, entre una larga serie de tiranías y golpes de Estado, apenas si hemos tenido atisbos de democracia y de buen gobierno. Aquí lo que tenemos es un “denarius-kratos” (poder del dinero). Por eso tenemos tantos inocentes en las cárceles y tantos criminales en las cortes y las calles. Está claro que, lo que resulte de este momento crucial en Guatemala, nos responderá la pregunta que abre este artículo.