Como los merolicos de feria, charlatanes que venden baratijas e ilusiones inalcanzables, algunos empresarios, terratenientes e inversionistas lugareños aprovecharon el valor y potencial económico de La Antigua Guatemala (LaAG) para especular sobre el valor y uso del suelo y, en cada período electoral u oportunidad que se les presenta, lanzar el consabido grito: ¡La Antigua, corre, juega y va de nuevo!

La Carta de Venecia, denominada Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios, nació en 1964. Eso inspiró a profesionales, académicos, vecinos y autoridades para proteger LaAG. Se creó la Ley Protectora, decreto 60-69 del Congreso de la República y el Consejo Nacional para su Protección (Cnpag). En práctica, brazo técnico especializado en protección y desarrollo, junto a la municipalidad, cuyo alcalde lo preside. Empezó a funcionar en 1972.

Para formular esa ley hubo un primer Plan Regulador (1967) que el Consejo actualizó y el Concejo Municipal aprobó en 1974. Con sus primeras acciones se puso en valor la ciudad y los conjuntos monumentales conservados como “ruina”. Valorización que despertó la ambición de los “especuladores” identificados para su explotación, dispuestos a aprovechar la oportunidad con el consabido mantra empresarial: “es más fácil pedir perdón que pedir permiso”. La ley protectora da al Consejo la potestad de emitir licencias de construcción dentro del área de protección, como fuente de ingresos propios; potestad que en 2012 fue el detonante para que la municipalidad dispusiera otorgar y cobrarlas por sí misma; decisión que generó polémica, vigente hasta hoy, cual si municipalidad y Cnpag no fueran responsables de la misma ciudad.

Los especuladores se consideran a sí mismos “dueños de la ciudad” y están organizados desde hace cerca de 20 años. Entre los terratenientes hay quienes se niegan a reconocer que la tierra vale por lo que la ciudad representa, no porque les pertenezca.

Por definición, toda propuesta de planificación toma en cuenta a esos y otros actores del lugar. Debe señalarse, sin embargo, que algunos dueños de la tierra, en su mentalidad de “finqueros”, piensan que un plan de ordenamiento territorial necesariamente debe favorecerlos; cosa que no es así. Pese a eso, y con el fin de alcanzar sus objetivos, han impuesto alcaldes e integrantes del Concejo Municipal sin haber obtenido hasta ahora, el resultado deseado.

Emulando al Cacif y al Pacto de Corruptos*, su última acción fue, en una acción propia de esos grupos: “delinquir al amparo de la ley”, hacer que la Corte de Constitucionalidad (CC) despojara a la municipalidad antigüeña del cobro de las licencias y darlo al Cnpag. Al parecer, la CC desconoce la ley protectora y las atribuciones que da a este último dentro del perímetro urbano colonial e islas de conservación. Con esa medida, los especuladores pretenden controlar al Cnpag y con eso, acercarse al Ministerio de Cultura y Deportes; hipotética situación que pondría en mayor riesgo el ya incierto futuro de la ciudad.

En mi opinión, el Ministerio de Cultura y Deportes haría muy bien en retomar la Iniciativa de Ley 4252 del Congreso de la República: Reformas a la Ley Protectora, que propone de manera ecuánime la integración del Consejo, pero, sobre todo, define con precisión el área de protección, su área de amortiguamiento y el cinturón verde, hasta ahora solo enunciados.

Con esa decisión, el Estado detendrá el franco deterioro al que la ciudad ha sido sometida y evitará que Unesco, cuando finalmente salga de su letargo, decida pasarla a la lista de patrimonio mundial en peligro.

* Instancias patronales y funcionarios corruptos incrustados en el Estado.