La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que en Guatemala se agravó el combate contra la impunidad, según su informe anual correspondiente a 2022. En el documento se indicó que los detalles recibidos y analizados apuntan a que “la situación identificada en el 2021 relacionada con la obligación del Estado de combatir la impunidad, y respetar y garantizar la independencia judicial, se habría agravado”.

En ese sentido, la CIDH advirtió una “intensificación de la persecución judicial y criminalización y el abuso del procedimiento de antejuicio con la finalidad de amedrentar y retirar de su cargo a personas operadoras de justicia”.

Quienes fueron parte de esa “persecución”, fueron personas “encargadas de la investigación y juzgamiento de casos vinculados con el Conflicto Armado Interno (CAI), incluyendo casos que cuentan con sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), y con hechos de corrupción de alto impacto o gran escala”.

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De esa cuenta, fiscales, exfiscales, jueces y juezas con competencia penal de Mayor Riesgo “tienen como común denominador haber seguido causas por delitos como genocidio, desaparición forzada, tortura, delincuencia organizada y lavado de dinero”.

La CIDH también advirtió sobre la persistencia de “un grave contexto de riesgo a la labor periodística debido a la continuación de actos de violencia y procesos de criminalización y persecución judicial”.

¿CONTRA QUIÉNES ES LA PERSECUCIÓN JUDICIAL?

Según la CIDH, dicha persecución se realizó en contra de funcionarios del Organismo Judicial (OJ) y del Ministerio Público (MP) que participaron en casos e investigaciones del CAI y de hechos de corrupción.

Esta estrategia se desarrolló “con el fin de favorecer a estructuras y grupos de poder interesados en asegurar la impunidad”, subrayó la entidad regional.

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CIDH SEÑALA AL MP DE PORRAS

De acuerdo con el documento, estos hechos de persecución ocurren en un contexto de “señalamientos sobre la falta de independencia del MP y su fiscal general (María Consuelo Porras) por su rol en la persecución judicial”.

Sumado a lo anterior, la CIDH recibió información sobre el debilitamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y otras unidades del MP encargadas de la investigación de casos corrupción y justicia transicional, mediante el traslado, criminalización o remoción arbitraria de sus funcionarios, incluyendo a fiscales de carrera.

La información recopilada por la CIDH indica que en 2022 al menos once integrantes y exmiembros de la FECI fueron privados arbitrariamente de su libertad; funcionarios de esa dependencia fueron trasladados a otras, y existirían por lo menos 14 “bajas” de auxiliares o agentes fiscales.

También se destacó que el 20 de julio del año pasado, el titular de la FECI, Rafael Curruchiche, fue sancionado por el gobierno de los Estados Unidos “por su papel para obstruir investigaciones de corrupción de alto perfil contra funcionarios del gobierno”.

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AMENAZAS, INTIMIDACIÓN, HOSTIGAMIENTO Y ESTIGMATIZACIÓN

En el informe se estableció que las acciones penales en contra de personas operadoras de justicia se enmarcan en un clima de “amenazas, intimidación, hostigamiento y campañas de estigmatización en su contra”.

Entre los perseguidos se encuentran fiscales, exfiscales, así como jueces y juezas con competencia penal de Mayor Riesgo que tienen como común denominador haber seguido causas por delitos como genocidio, desaparición forzada, tortura, delincuencia organizada y lavado de dinero.

Algunos de los operadores y operadores de justicia en contra de quienes se desarrollaron este tipo de acciones son:

La CorteIDH otorgó medidas cautelares en favor de varios de los operadores y operadores de justicia, con motivo de evitar que fuera amedrentados en el ejercicio de su función y dejaran de efectuarla.

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FCT PROMOVIÓ ACCIONES CONTRA OPERADORES DE JUSTICIA

En el documento de la CIDH se estableció que la entidad “nota” que las acciones judiciales y denuncias penales en contra de personas operadoras de justicia “han sido promovidas por distintos actores estatales y no estatales vinculados con casos de corrupción”.

No obstante, la Comisión destacó el papel “preponderante” de la “Fundación contra el Terrorismo”, encabezada por Ricardo Méndez-Ruiz, en la estrategia de “criminalización mediante la presentación de un alto número de denuncias penales, solicitudes de retiros de antejuicio y en la perpetración de un contexto de hechos de amenazas”.

“La intimidación, hostigamiento y campañas de estigmatización promovidas e impulsadas por integrantes de la misma Fundación, (se desarrolla) con la aquiescencia y tolerancia del MP”, resaltó el informe.

La CIDH detalló que en las redes sociales se “publican fotos de las personas operadoras de justicia criminalizadas colocándoles una equis y difundiendo mensajes intimidatorios”.

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También se señaló que “diferentes cuentas de redes sociales vinculadas con esta Fundación difunden información confidencial o bajo reserva de procesos penales y anuncian diligencias aún antes de que éstas sean realizadas”.

Por último, la Comisión indicó que según información pública la “Fundación ha promovido denuncias contra 24 exintegrantes de la FECI, tres abogadas de la extinta CICIG, seis jueces y dos exfiscales generales”.

SIN RESPUESTA DEL MP

La Hora consultó al MP sobre los señalamientos que le fueron atribuidos sobre su falta de independencia, así como la tolerancia que tiene con la FCT para que accione en contra de operadores y exoperdadores de justicia, pero al cierre de esta nota no se obtuvo una respuesta.

Se agregará a esta nota lo que con posterioridad indique la Fiscalía al respecto.