Llegó el 8 de abril y el fraude que tanto se anticipó fue consumado con cinismo por parte del usurpador de la Usac y su séquito de incondicionales. Lo que debía ser un proceso democrático, transparente y legítimo terminó convertido en una simulación cuidadosamente orquestada. La imposición, no elección, de Walter Mazariegos como rector de la Usac constituye una burla para la comunidad sancarlista y un agravio para los guatemaltecos. Se ha traicionado el espíritu de la universidad pública, que debería ser un espacio de pensamiento crítico, debate abierto y respeto a las reglas. En su lugar, presenciamos un proceso capturado, donde las normas fueron reinterpretadas y manipuladas para favorecer a un grupo que ha hecho de la institución su bastión de poder.

Como buenos güizaches, revistieron de legalidad un acto que, a todas luces, violenta el Estado de derecho, excluyendo voces, bloqueando participaciones y torciendo procedimientos, conscientes de que no habrá consecuencias. Aquí es donde el problema trasciende a la universidad. Lo ocurrido no es un episodio aislado, sino una manifestación de un sistema que ha aprendido a tolerar, incluso a normalizar, estas prácticas. La ilegalidad deja de ser escandalosa cuando se vuelve cotidiana y es ahí cuando la indignación se desgasta, la denuncia se diluye y la acción se posterga indefinidamente.

Lo más preocupante de esta situación es la cadena de omisiones que la rodean. Porque un fraude de esta magnitud no se sostiene solo: requiere silencios, indiferencia, inacción y, en muchos casos, conveniencia. Requiere de actores que, teniendo la capacidad de intervenir, deciden no hacerlo, desde el despacho, desde el juzgado, desde la curul.

Aquí es donde la responsabilidad del Ejecutivo se vuelve imposible de ignorar. La actitud pusilánime, evasiva y francamente incomprensible del presidente y del procurador general de la Nación no puede leerse como simple cautela. Todos sabíamos que el fraude ocurriría, fue advertido y denunciado. No hubo acciones concretas para prevenirlo o enfrentarlo. Desde la Vicepresidencia se hicieron llamados para que se respetara el proceso de elecciones y se acreditara a los cuerpos electorales, pero sus llamados cayeron en saco roto, al no contar con el respaldo de los que verdaderamente pueden hacer algo, entiéndase el presidente y el procurador general de la Nación. Este último tiene el mandato de defender la legalidad y proteger los intereses públicos. Su inacción, en este contexto, no es neutral y deja más preguntas que respuestas. Si su proceder está condicionado a una elección, sería ético retirarse, más que guardar silencio.

La autonomía universitaria no puede ni debe interpretarse como licencia para actuar al margen de la ley. No es sinónimo de discrecionalidad absoluta, sino una garantía para preservar la independencia académica dentro de un marco de normas y procedimientos. Cuando se utiliza como escudo para justificar arbitrariedades, deja de proteger a la universidad y comienza a erosionarla desde dentro. Defender la autonomía también implica exigir que se respete la legalidad que la sostiene.

Señor presidente, esto no es un “juego de ajedrez”. Pero si lo fuera, la pasividad no es estrategia, es derrota. Cada movimiento, o su ausencia, configura el tablero, y cuando el adversario avanza sin resistencia, el desenlace deja de ser incierto. El peón derribando al rey. ¿Así quiere ser recordado, presidente? El fraude está claro y documentado, ahora la pregunta es qué significa que haya ocurrido sin consecuencias inmediatas, sin respuestas contundentes y sin una defensa activa de la legalidad. Porque en ese vacío es donde se define el verdadero alcance del problema. ¡Feliz domingo!