Guatemala pondrá fin a la explotación petrolera en los campos Xan, ubicados en San Andrés, Petén, debido a que el contrato de prórroga otorgado por el Ejecutivo en el 2010 por quince años vence en agosto próximo y no será renovado.

En el Congreso de la República se da por hecho que el Ejecutivo no continuará el proceso relacionado con la iniciativa que propone reformas a la Ley de Hidrocarburos y a los contratos de explotación petrolera.

El Estado deberá asumir el costo de alrededor de US$50 millones (Q385 millones) para el cierre técnico y ambiental de los pozos en el campo Xan, a cargo de la compañía Perenco. Según el MEM, se analizan dos escenarios.

Cierre técnico

El MEM anunció que contratará de urgencia a una empresa para ejecutar el cierre, desmantelamiento de instalaciones y abandono del campo petrolero Xan, en el bloque H-2-84, San Andrés, Petén, debido a que el 12 de agosto vence el contrato de explotación 2-85, actualmente a cargo de Perenco Guatemala Limited.

El contrato fue firmado en 1985 por un plazo original de veinticinco años y venció en 2010. Con base en la Ley de Fonpetrol (Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación), se otorgó una ampliación por quince años, vigente hasta el 2025.

Para declarar la emergencia, el MEM emitió el Acuerdo Ministerial 207-2025/SG, el 10 de julio del 2025, publicado el mismo día. Este fue derogado por el Acuerdo Ministerial 219-2025/SG, emitido el 17 de julio y publicado el 18.

Contribuyentes asumirán costos

El viceministro de Energía, Juan Fernando Castro —firmante del primer acuerdo— explicó que, según la legislación vigente, el Estado deberá asumir el costo del cierre, lo que representará un desembolso de unos US$50 millones. El cierre podría durar cuatro años y se pedirá al Ministerio de Finanzas (Minfin) asignar presupuesto proporcional para este ejercicio fiscal y programar el resto para los años siguientes.

Castro aclaró que el contrato no contemplaba el cierre técnico ni la compensación por pasivos ambientales, aspecto que debió incluirse en la ampliación otorgada en 2010. Reiteró que la posición del MEM es que el contrato concluye por vencimiento.

“El cierre de los pozos no es llegar y echar llave; es un proceso de ingeniería que requiere asegurar el sellado adecuado”, explicó Castro. Agregó que personal técnico del MEM ya inició una capacitación especializada en México.

Inventario y extracción

Castro detalló que hay unos 70 pozos abiertos y se estima que aún hay unos ocho millones de barriles de petróleo. Sin embargo, bajo la legislación y contrato actual, ya no se pueden explotar.

Escenarios posibles

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, en una entrevista radial, explicó que la compañía Perenco operó conforme a la legislación y el contrato vigente. Reconoció que la extracción tiene impacto ambiental, pero recordó que la legislación de 1983 solo contempla el eje económico.

Ventura indicó que se evalúan dos escenarios: uno con la legislación actual, que implicaría el cierre en unos 36 meses; y otro, si se aprueban reformas para un cierre técnico programado, que permitiría extender el proceso a seis u ocho años, financiado con ingresos petroleros, sin costo para el Estado.

Consultado sobre la posibilidad de que Perenco continúe, Ventura respondió: “Ojalá pudiera ser otra empresa”. Añadió que este segundo escenario permitiría operar la refinería de asfaltos y el oleoducto.

Sin propuesta oficial

El diputado Julio Héctor Estrada, de la Comisión de Energía del Congreso, indicó que desde marzo se alertó sobre el vencimiento del contrato y la necesidad de reformas para un cierre técnico y financiamiento de la recuperación ambiental en la zona de explotación.

Al igual que el ministro Ventura, el diputado, mencionó que la idea era que el Congreso aprobará una ampliación del contrato (temporal) para hacer un cierre paulatino de los pozos de explotación y con la producción petrolera los recursos estuvieran pagando el cierre técnico, la recuperación ambiental y la continuidad de una parte de asignaciones a las comunidades y municipalidades de Petén por tres o cuatro ejercicios.

Confirmó que ni el MEM ni el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales presentaron propuesta después de Semana Santa.

Señaló que existió un borrador de iniciativa, pero no se presentó. Estrada lamentó que el Ejecutivo no enviara la iniciativa y concluyó que ahora se deberá contratar una empresa que realice el cierre técnico, financiado con fondos públicos.