Los funcionarios a la mitad de su mandato electoral no tienen un curso de acción coherente para la administración. Se expresan en marchas y contramarchas. La explicación de ese comportamiento se atribuye tanto a la falta de coordinación de la administración y carencia de políticas públicas. Además, se denuncia un sentimiento de prepotencia generalizado, al sentirse dotados de autoridad sin control de los gobernados.

El 6 de septiembre de 2016, en esta columna, se trató el problema del servicio de limpieza público, puntualizando: 1. La falta de campañas educativas para responsabilizar sobre el manejo de basuras; 2. La aceptación de todo tipo de productos químicos de uso casero, sin control; 3. Los plásticos flotando en todas las cuencas, especialmente en Amatitlán y el Motagua; y 4. El desentendimiento de las alcaldías por la limpieza de calles y mucho más, para organizar el manejo de desechos y reciclar el agua. Tener razón antes de tiempo equivale a estar equivocado. Hacer un plan integral de manejo de desechos supone una tarea imposible para funcionarios reclutados en ámbitos de ocio y francachela.

La administración pública debe ser un esfuerzo cooperativo, entre funcionarios e instituciones, así como contar con el aval de los grupos humanos afectados por las obras o decisiones de autoridad. La política pública, entendida como un acuerdo para facilitar el programa del Ejecutivo, como la define Eugenio Lahera (*1948 +2012), supone una labor de congregación de la institucionalidad estatal sobre bases de negociación. En lugar de la elaboración concreta del programa, validación en el presupuesto, enfoque sistémico entre instituciones autónomas y centrales, para luego elaborar un acuerdo con la población, se prefiere la cacicada.

En entrevista radial, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, señaló a la visita de un experto europeo como el impulsor del acuerdo gubernativo 184-2023, donde simplificó la clasificación de basura del anterior gobierno. En efecto, existía el acuerdo gubernativo 164-2021, donde se había creado una funambulesca clasificación en dos operaciones. Una inicial en orgánico e inorgánico, y otra secundaria en orgánica, reciclable y una confusa: el papel higiénico, habría que suponer estaba usado, no se admitía como orgánica ni reciclable.

En lugar de calma, la ministra Orantes, de manera desproporcionada, criticó a la Corte de Constitucionalidad como causante de una debacle general, un atraso secular. No admitió el error de invadir competencias municipales. Tampoco, reconocer el conflicto provocado por la precipitación en los basureros del departamento de Guatemala, donde hubo bloqueos a la circulación y hasta amenaza de enfrentamientos violentos, con los propietarios de camiones de basura. Asimismo, alejarse de los atisbos de oportunismo de vivales del emprendimiento, a través de monopolizar el reciclaje, en contra de las familias de pepenadores por cuenta propia, a las que se les privaba de su precaria fuente de ingresos.

El tribunal constitucional no basó su resolución en habladas con expertos desconocidos o autonombrados salvadores del país, sino en el examen del artículo 253 constitucional, desarrollado con la normativa del Código Municipal y Código de Salud. En efecto, son las leyes particulares donde se define a los servicios públicos locales, no por una decisión del Ejecutivo. El gobierno pasado y el actual son iguales: autoritarios. Uno gritón y el otro apoyado por influenciadores, ambos son carentes de un compromiso para impulsar a la gobernabilidad democrática.