Ayer publicamos que el diputado José Chic presentó una denuncia contra Rafael Curruchiche, ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI- por entrampar la investigación de la compra de Vacunas Sputnik que no solo significó una multimillonaria erogación sino que se tradujo en un producto tan inútil que aún a la fecha hay en el Ministerio de Salud más de cuatro millones de dosis vencidas que nunca se pudieron utilizar. El caso fue puesto en conocimiento de esa Fiscalía pero desde que Curruchiche se encargó de la misma no hubo ningún avance.

La FECI fue clausurada por el nuevo Fiscal General pero la verdad haría falta una nueva Fiscalía Especial Contra el Encubrimiento para perseguir a todos los que se encargaron de enterrar los casos que involucraban a altos funcionarios y hasta a sus parejas sentimentales. Hubo en algún momento necesidad de una fiscalía contra la impunidad, pero tenemos que entender que ese vicio en el sistema de justicia se produce por el encubrimiento deliberado que se ha hecho desde el MP en casos como el de esas vacunas o el de la célebre alfombra rusa.

Curruchiche en un sistema que funcione debiera enfrentar una investigación que va más allá del encubrimiento. Es responsable de la forma en la que operó su equipo pidiendo por “afuera” y con operadores seleccionados, cosas al margen de la ley. Y, por supuesto, no es el único responsable porque es sabido que la misma Consuelo Porras recibió instrucciones de Giammattei para engavetar esos casos y ella se encargó de notificar a los fiscales que no deberían mover un dedo para que los mismos avanzaran y que de ellos lo que se esperaba era que destruyeran pruebas y evidencias para garantizar la impunidad. Los reclamos de Giammattei ante los casos que se denunciaban, se resume en aquel audio del Jefe de Jefes que el gobierno de turno atribuyó a inteligencia artificial.

Como se ve, la lista de delitos en los que incurrieron todos los que se encargaron de encubrir multimillonarios negocios es enorme y si fueran debidamente sometidos a proceso posiblemente tendrían que terminar sus días en alguna prisión dada la acumulación de crímenes.

Creemos fundamental que se siente un enérgico precedente en este caso pues no podemos tolerar que se siga protegiendo a quienes se enriquecieron con el dinero del pueblo, sobre todo en momentos tan críticos como fue la pandemia del Covid que abrió las puertas para la compra de esas vacunas rusas. Por supuesto que los ladrones que recibieron las mordidas tienen que pagar las consecuencias de sus actos, pero también quienes tuvieron la obligación de investigar las denuncias recibidas y se hicieron los papos para quedar bien con los verdadero capos de esas mafias.

Todo fiscal debe saber que sus actos pueden y deben ser investigados si hay el menor indicio de varios delitos.