La bancada legislativa Bienestar Nacional (BIEN) presentó la iniciativa de ley de «concesiones públicas», con la que pretende regular sociedades especiales accionadas para la prestación y democratización de bienes y servicios del Estado, entidades de gobierno central, descentralizadas y autónomas, entre ellas las municipalidades.

La sociedades de capital mixto o economías mixtas tomó relevancia luego de que el presidente, Bernardo Arévalo, anunció una licitación del aeropuerto internacional La Aurora, con esa figura para que el Estado mantenga el control de las entidades gubernamentales.

En la propuesta de ley se detallan las características de la sociedad especial accionada: son las que se constituyen con la participación del Estado y de guatemaltecos de origen.

Donde el Estado guatemalteco poseerá el 34 por ciento, las empresas el 33 por ciento y los guatemaltecos de origen el resto del porcentaje de las acciones de esas sociedades.

Además, se fija que las acciones serán normativas con un valor nominal de US$1 mil cada una, y la participación accionaria de las personas individuales y sociedades mercantiles de capital guatemalteco.

Categoría Precio por Número de Monto máximo por

acción acciones total de acciones

Indiviual US$1 mil 10 US$10 mil

Sociedades

mercantiles de capital

guatemalteco US$1 mil 100 US$100 mil

Los ponentes colocan limitantes, pues los accionistas no podrán pertenecer a otra sociedad similar creada bajo los alcances de la presente ley. Las sociedades especiales, luego de completar los gastos de instalación de las mismas, no podrán destinar más del 50 por ciento de su presupuesto anual en gastos de funcionamiento.

AUTORIZACIÓN POR DIPUTADOS

Las concesiones actualmente están reguladas en la Ley de Contrataciones del Estado y son aprobadas por el Congreso de la República, pero han variado con el tiempo con la vigencia de las alianzas público-privadas.

En la propuesta que impulsó el diputado Fidel Reyes Lee, se indica que previo a constituir la sociedad especial, el presidente de la República someterá a consideración del Congreso, para la aprobación y antes de constituir los accionistas individuales, los contratos sobre bienes y servicios públicos a concesionar deben cumplir con lo que se menciona en el inciso k del artículo 183 de la Constitución.

Además, se propone que el gobierno central por medio del Ministerio de Finanzas cree un fideicomiso para financiar a guatemaltecos para acciones en las sociedades especiales. Las utilidades de dichas sociedades especiales se distribuirán entre los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural del país, del departamento donde opera la concesión y los ministerios de Ambiente y Economía, como en el Fondo Común.