El 30 de diciembre último, una gran caravana de vehículos y una multitud de vecinos de Santa Eulalia, Huehuetenango, acompañaron los restos mortales de un migrante: Francisco Gaspar Cristóbal Andrés, fallecido en un hospital el 6 de ese mes, tras haber enfermado desde el 18 de noviembre en un centro de detención migratoria de Texas. Estaba preso desde el 1 de septiembre, cuando fue capturado en Florida por agentes de ICE, a pesar de no tener antecedentes penales. La intensa e indiscriminada campaña antimigrantes desatada este año en Estados Unidos también ha detenido a residentes legales y ciudadanos. Precisamente ese terror infundido es uno de los factores causales del récord de envío de remesas en 2025: US$25 mil 530 millones, 20% más que en 2024.

El dato es contundente, no solo por su magnitud, sino porque confirma una tendencia estructural: las remesas ya no son un complemento de la economía guatemalteca, sino uno de sus pilares centrales. Son el 20.7% del producto interno bruto, frente al 19% registrado en 2023 y 2024. Traducido a moneda local, el flujo anual ronda los Q195 mil millones: mucho más que todo el presupuesto vigente o el aprobado y suspendido.

La mayor parte de los recursos por remesas se destinan a consumo: alimentación, artículos para el hogar, electrodomésticos, vehículos, construcción o mejora de vivienda; en menor medida van a pequeños negocios, ahorro o inversión. En todo caso, ese aporte, producto del esfuerzo, sacrificios, privaciones y convicción de los migrantes, constituye el principal factor de reducción de pobreza: más que ningún otro programa social estatal, al menos entre las familias receptoras. No cabe duda de que las remesas dinamizan la economía guatemalteca, pero no sustituyen el desarrollo.

Más de seis millones de personas se benefician directa o indirectamente de estos recursos, que en muchos municipios representan la principal —y a veces única— fuente de ingreso estable. Sin embargo, ese mismo protagonismo revela una fragilidad de fondo. Mientras la economía guatemalteca crece a un ritmo promedio cercano al 4% anual, las remesas han aumentado alrededor del 18%, en promedio, en el último lustro. La brecha es elocuente: el principal motor del ingreso de los hogares no es producción interna, sino mano de obra expulsada por la necesidad, la falta de oportunidades y la violencia.

El aporte económico de los migrantes es elogiado por diversos sectores, sobre todo gubernamentales y partidarios. Incluso se da el extremo de politiqueros, mandatarios o funcionarios imprudentes que suelen hablar a la ligera y decir “nuestros migrantes”, con un paternalismo que rima con clientelismo. Sin embargo, a la hora de acciones como ampliar la participación política, posibilitar el voto informado por alcaldes o diputados de sus pueblos de origen, ahí sí ya son lejanos, pero que sigan enviando recursos.

En efecto, es admirable la valentía y la responsabilidad de padres, hijos, hermanos, cónyuges que desafían el asedio federal en ciudades estadounidenses para ir a trabajar. Las redadas, las amenazas de deportación y la incertidumbre legal detonaron un envío preventivo de ahorro. Pero esto no es sostenible. Y el reto del Estado de Guatemala es construir condiciones de infraestructura, productividad y seguridad que permitan visualizar un crecimiento económico que no dependa del éxodo. Paradójicamente, esas carencias han sido agravadas por sucesivas camadas de demagogos y viejas mañas. El mejor homenaje al migrante es que pueda tener un lugar digno al cual volver con vida en su tierra añorada, con sus seres queridos.