El padrón electoral, fue el tema central de este día, ante esto surgieron algunos pronunciamientos que a continuación le presentamos.

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral , Blanca Alfaro, confirmó que se ha entregado el padrón electoral al Ministerio Público como parte de una investigación en curso.

Alfaro explicó que los requerimientos presentados por el MP son parte de una investigación bajo reserva, y advirtió que cualquier divulgación de información relacionada podría constituir obstrucción de justicia.

“Cualquier información que se divulgue sobre el caso puede poner en riesgo la integridad del proceso y ser considerada como obstrucción de justicia”, señaló Alfaro.

Agregó que la investigación está a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), y que los datos en posesión del MP son confidenciales, con lo cual se protege la información de 9 millones 356 mil 796 guatemaltecos empadronados.

Tras la información dada por la presidenta del Tribunal Supremo Electoral . En conferencia de prensa del Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, calificó de “grave” el secuestro del padrón electoral llevado a cabo por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP).

Palomo instó a las autoridades judiciales a tomar medidas para salvaguardar la institucionalidad.

Asimismo, hizo un llamado a los partidos políticos, y a las autoridades electas del 2023, entre ellas alcaldes, concejales y diputados a manifestarse en contra de lo que calificó “de un flagrante atropello a la voluntad popular”.

Luego de estas declaraciones, el Ministerio Público expresó en un comunicado:

“El Ministerio Público en el marco de las investigaciones del caso Corrupción Semilla en su fase 3 realizó diligencias autorizadas por juez contralor, expediente que se encuentra bajo reserva.

Durante las diligencias la fiscal a cargo del caso fue enfática en advertir a todos los presentes que el caso se encuentra bajo reserva por lo que llama la atención que funcionarios estén difundiendo información de un expediente que se encuentra bajo reserva.

Por lo tanto, vulnerar la reserva judicial de un caso bajo investigación es un ilícito penal que podría encuadrar en obstaculización de la acción penal o desobediencia”.

Por Brainer Ruiz