En la sesión extraordinaria y urgente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada este jueves en su sede en Washington, Estados Unidos, el canciller guatemalteco Carlos Ramiro Martínez informó a los integrantes del consejo que la democracia del país se encuentra bajo un “asedio de guerra legal o lawfare”, orquestado por actores corruptos dentro del sistema de justicia, con la finalidad de derrocar al gobierno del presidente Bernardo Arévalo.

La intervención del canciller guatemalteco, durante la mañana de este jueves, ante el Consejo Permanente de la OEA, expuso una serie de “actuaciones arbitrarias e ilegítimas” por parte de jueces y del Ministerio Público (MP), dirigido por la fiscal general Consuelo Porras. Estas acciones, según Martínez, buscan “distorsionar los resultados de las elecciones generales del 2023, desconocer la voluntad popular expresada en las urnas y forzar la destitución de autoridades legítimamente elegidas”, incluido el presidente Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera.

“Reconocemos el compromiso e importancia de los procesos que vienen, y por eso estamos llamando la atención de este Consejo Permanente a los intentos de promover un golpe de Estado técnico en Guatemala bajo el asedio de la guerra legal o lawfare. Esto que estamos viviendo es un uso abusivo de las instancias judiciales, arropándose bajo una aparente legalidad”, afirmó el canciller.

Martínez se refirió específicamente a los fallos del 24 de octubre, con los que un juzgado séptimo penal de primera instancia pretendió declarar la “nulidad absoluta” del partido Movimiento Semilla, a pesar de que el proceso electoral fue legalmente concluido y certificado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Ante esto, resaltó la respuesta de la Corte de Constitucionalidad (CC), que no solo declaró improcedentes esas resoluciones, sino que advirtió al juez que “se abstenga de incurrir en actos que pudieran caer en el delito de prevaricato”, por considerar que actuó fuera de su competencia y puso en riesgo el orden constitucional.

El canciller enfatizó que estas maniobras representan “una reiterada amenaza al orden constitucional” y vulneran la separación de poderes y la independencia del TSE, cuya presidenta en funciones, Blanca Alfaro, ha ratificado que los cargos elegidos “no pueden anularse” y que el proceso electoral del 2023 “concluyó legalmente y no puede revertirse”.

Más allá del ataque al proceso electoral, el canciller describió una campaña de persecución política mediante el uso del sistema penal. Denunció la “contradicción” del Ministerio Público, que mantiene abiertas 24 investigaciones contra el gobierno de Arévalo, pero “no ha mostrado avances en las más de 300 denuncias presentadas por el Ejecutivo contra la administración anterior”. Esa institución, afirmó, “actúa con sesgo político y utiliza su poder con el fin de desgastar a la actual administración”, haciendo “señalamientos espurios e inventados”, como los del caso UNOPS.

“Lo que está en juego no es la actual administración o la permanencia de un partido político. Lo que está en juego es el cimiento de la democracia, el respeto a la voluntad soberana del pueblo, la oportunidad de dejar atrás el régimen de corrupción que mi país ha sufrido durante décadas”, declaró Martínez, citando al presidente Arévalo.

Ante esta crisis, el gobierno guatemalteco agradeció el respaldo internacional, incluidas las sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países contra la fiscal general Consuelo Porras y su círculo cercano, así como el “acompañamiento constante” de la OEA.

Como siguiente paso, solicitó el respaldo de este Consejo Permanente a una misión especial de la OEA para fortalecer las instituciones democráticas, cuya tarea crucial será acompañar las elecciones de magistrados de cortes y del fiscal general previstas para el 2025.

“En el 2026 nos vamos a jugar la democracia del país”, alertó, al subrayar la necesidad de que esos procesos sean transparentes y estén libres de la influencia de “mafias enquistadas”.