En agosto de 2024 venció el plazo establecido por la Ley de Digitalización y Simplificación de Trámites para que todas las entidades del Estado ingresen en línea la totalidad de sus servicios, trámites y permisos, a fin de agilizar la atención a personas, empresas e instituciones. Obviamente, hay numerosos atrasos en la implementación digital de muchos de estos procesos y uno de los ministerios con mayor rezago es el de Salud; la penalización por ello fue que no podría cobrar por trámites físicos, como una forma de presión para acelerar su transformación digital. Hasta este punto, todo parecería un asunto de fuero puramente burocrático y sin mayores impactos sobre la competitividad, el comercio y la economía. Nada más lejos de la realidad.

Los atrasos portuarios por falta de suficientes muelles y grúas son ya un valladar para la eficiencia. Repetidamente se han señalado las filas de buques cargueros que deben esperar varios días para poder entregar productos y recoger exportaciones, con el consiguiente riesgo de incumplimiento de plazos contractuales. Pero a este lastre se suma la tardanza en trámites aduanales y emisión de permisos de ingreso, sobre todo por parte del Ministerio de Salud y también del de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Al solicitar explicaciones a los funcionarios responsables de los trámites, salta una llamativa palabra que denota por sí sola una mentalidad desfasada de los tiempos digitales. Al hablar de los requisitos de trámite dicen “papelería”, un término que retrotrae a tiempos en que las gestiones se hacían de manera impresa y presencial. Se podría hablar de documentación, de bitácoras electrónicas, de expedientes digitales que deberían procesarse con antelación a la llegada o partida de los embarques, que actualmente quedan varados en bodegas y bajo multas por atrasos.

Medicinas y productos alimenticios figuran entre las mercancías más afectadas por la tramitología atrasada. Lo más absurdo es que en ciertos casos se trata de brechas o fallas en la implementación de reportes de pagos a través del sistema bancario. Sin embargo, estas pifias —por llamarlas de alguna manera— salen caras a la larga, con multas de hasta US$90 diarios por contenedor que exceda el plazo de gracia de estadía en puerto, que suele ser hasta de cinco días y cuyo costo terminará al final saliendo de los bolsillos de los consumidores.

En noviembre último se anunciaba el inicio de un proyecto denominado “Habilitando la transformación digital y mejorando la prestación de servicios públicos a gran escala en Guatemala”, apoyado por Naciones Unidas, en un acto que tuvo presencia de la ciudadanía, el sector empresarial, académicos y funcionarios. Sonó muy dulce y bienintencionada toda la lírica alrededor de las finalidades y potencialidades de este plan a cargo de la Comisión Presidencial de Gobierno Electrónico.

Atender la crisis de logística tramitológica digital que hoy satura los puertos y encarece el comercio sería un objetivo muy concreto y estratégico para esta dependencia del Estado y los ministerios involucrados. Con frecuencia, en foros oficiales se elogia la posición geográfica de Guatemala como una fortaleza, y se usa con fin promocional la atracción de más inversiones para generar empleos. Pero si en este momento crítico no se atienden con celeridad las fallas de procesos, solicitudes, permisos y avales, ¿cuándo lo harán? Por otra parte, no dejan de crear suspicacia estos entuertos en plena era tecnológica. ¿Son pura negligencia o hay algún dolo en ellos? En cualquiera de los dos casos se necesita establecer la causa y ponerle fin a este oneroso costo de oportunidad.