El Ministerio de Energía y Minas (MEM) modificó la modalidad del evento para contratar a la empresa encargada del cierre técnico de los pozos del campo petrolero Xan, y resolvió ya no hacerlo mediante una emergencia, sino por medio de una licitación pública con base en la Ley de Contrataciones del Estado.

Sin embargo, el evento será convocado hasta en el 2026, ya que se requiere contar con el presupuesto disponible, expuso el viceministro de Energía y Minas encargado del área de Minería e Hidrocarburos, Erwin Barrios.

El Estado deberá asumir el costo del cierre de los pozos, estimado en US$48.4 millones, alrededor de Q377 millones, por lo que el MEM solicitó al Ministerio de Finanzas el presupuesto distribuido en tres años, indicó Barrios durante una citación en el Congreso con el diputado José Chic.

Para el 2026, se pedirán Q156 millones, y para el 2027 y 2028 se solicitarán los fondos restantes, dado que se trata de un proyecto multianual.

Las autoridades del MEM habían informado en julio y agosto que las estimaciones iniciales eran de unos US$50 millones.

Nueva modalidad y largos plazos

Barrios detalló que la convocatoria, el proceso de adjudicación y la firma del contrato podrían llevarse a cabo en los primeros ocho meses del próximo año, por lo que se prevé que el cierre de los pozos comience en el último trimestre del 2026 pero Chic dijo que incluso podría ser hasta en el 2027.

El viceministro también se indicó que los pozos no están operativos y, actualmente, permanecen bajo resguardo del Ministerio de la Defensa Nacional, en espera de que llegue la empresa adjudicada para realizar el cierre definitivo. De 59 pozos, 39 estaban activos cuando el Estado asumió el control del campo Xan, al vencerse el contrato con la compañía Perenco Guatemala, el 12 de agosto del 2025.

El viceministro explicó que se había declarado una emergencia para servicios petroleros con base en la Ley de Hidrocarburos y se lanzó (en julio último) una convocatoria de manifestación de interés para precalificar empresas, pero que se dio por finalizado porque las seis empresas participantes no superaron la etapa de precalificación. Posteriormente se había anunciado una ampliación a la convocatoria para atraer más participantes.

Sin embargo en la citación con en el Congreso, el funcionario dio a conocer que se luego se decidió lanzar un nuevo evento pero por medio de licitación pública, basado en la Ley de Contrataciones del Estado, abierto a todos quienes cumplan los requisitos que se establecerán oportunamente, ya que esta es la modalidad que la Ley de Contrataciones establece cuando se usan recursos del Estado.

Tras revisar los aspectos legales, se concluyó que la modalidad de emergencia no era aplicable porque la Ley de Hidrocarburos está orientada a proyectos sin recursos estatales, y como en este caso sí se utilizarán fondos públicos para costear el cierre, se debe aplicar la Ley de Contrataciones, agregó.

Para ello, se está preparando el proceso de licitación pública y ya se trabaja en las especificaciones técnicas.

Consultado por el parlamentario sobre si el primer evento queda descartado, Barrios respondió: “Sí, era una ruta que no existía y ahora va a ser una licitación pública”.

En cuanto a los plazos, Barrios afirmó: “esos son los procesos burocráticos que tenemos que superar”. Agregó que se prevé preparar este año los términos de referencia y las especificaciones técnicas, pero no se podrá lanzar la licitación hasta contar con el presupuesto, por lo que se estima que este paso se dará en febrero del 2026, con un proceso de ocho meses hasta la adjudicación.

Se calcula que el procedimiento abarque casi todo el 2026, y si se cumple el cronograma, las obras de cierre iniciarían en el último trimestre de ese año, aunque advirtió que los cronogramas suelen complicarse.

Barrios también informó que hay acciones de mantenimiento en la mini refinería a cargo del MEM. En el campo Xan, los pozos tienen cierre parcial, están inhabilitados, sin energía y sin actividad operativa, y el Mindef los resguarda, así como los activos, agregó.

El proceso incluye la ruta crítica de cierre y abandono definitivo de los pozos, así como el desmantelamiento de instalaciones. Se retirarán estructuras metalmecánicas y equipos reutilizables, con el fin de entregar el sitio limpio para su recuperación ambiental por parte de las entidades correspondientes, detalló el viceministro.

Chic preguntó si el Congreso ha consultado al MEM sobre la iniciativa presentada por diputados oficialistas 20 días antes del vencimiento del contrato, para establecer un procedimiento de cierre de campos petroleros, a lo que Barrios indicó que no han sido consultados.

El Parlamentario dijo que es preocupante el mantenimiento de los pozos, ya que el proceso de licitación concluiría hasta dentro de un año. Barrios respondió que, dado que los pozos están inhabilitados y bajo resguardo militar, no se prevén problemas hasta que la empresa adjudicada se haga cargo.

Otro funcionario del MEM afirmó que los tiempos contemplados para contratar a una empresa son adecuados, ya que las instalaciones podrían permanecer sin riesgos. Añadió que los tapones pueden durar años sin representar peligro, aunque la intención es desarrollar el plan lo antes posible.

Se realizan mediciones, por ejemplo, de H2S, que sería el primer indicio ante una posible fuga. Se recordó que no todos los pozos son productores de crudo, algunos solo contienen agua.

En la reunión Chic criticó que, desde que el presidente Bernardo Arévalo anunció en redes sociales que no se renovaría el contrato 2-85, se tuvo más de un año para definir el cierre, pero se dejó para última hora. El presupuesto del 2025 ya fue aprobado y no se incluyeron los recursos necesarios.

El 20 de agosto, en reunión de Jefes de Bloque del Congreso, varios diputados solicitaron al ministro revisar y relanzar el proceso, dado que no se había emitido el dictamen de la Comisión Nacional Petrolera, requisito necesario para declarar emergencia.