Hoy se cumplen 14 años desde que el abogado Stuardo Campo ingresó al Ministerio Público, donde trabajó por más de 11 años. La institución ayer pidió ante el Tribunal Décimo de Sentencia que lo condene a seis años de prisión en uno de los tres procesos que se siguen en su contra. Campo confía en que será absuelto y ansía recuperar la libertad para dedicarse a la labor social en favor de las personas privadas de libertad.

¿Cómo ha sido su experiencia de afrontar procesos en el sistema judicial?
Como exoperador de justicia, no me queda más que someterme al imperio de la ley. Soy abogado y estoy consciente de que el ejercicio de la función pública conlleva ciertos riesgos. Sé que no cometí ningún delito y definitivamente no es fácil afrontar un sistema de justicia cuando existen pocas garantías.

Me refiero a etapas anteriores, no a este debate; sino que antes hubo muchas suspensiones de audiencias. En el proceso que me mantiene detenido, durante un año entero —el pasado— se suspendieron todas las audiencias. De igual forma, en el Juzgado Noveno se suspendieron un sinfín de audiencias de este proceso, porque se excusaba la querellante adhesiva —la Fundación contra el Terrorismo—, el Ministerio Público… y esto fue retrasando la audiencia intermedia, que tenía que llevarse a cabo el 5 de octubre del año 2023, si mal no recuerdo, y se terminó llevando a cabo en octubre, pero del año 2024.

En esa serie de aplazamientos, ¿identifica un patrón?
Conmigo sí existe. En los otros dos procesos —por ejemplo, el que se sigue por la investigación que hicimos desde la Fiscalía contra la Corrupción en el caso Zolic—, el proceso prácticamente está paralizado desde el 18 de diciembre del 2023, que fue la última audiencia que tuvimos.

Allí ha habido un litigio malicioso por parte de los querellantes adhesivos, y el juzgado ha ido postergando la continuidad al proceso. Pero nosotros simplemente estamos a la espera de que ellos programen la audiencia de etapa intermedia.

¿Qué mecanismos ha tenido a su alcance para defenderse?
Pues la verdad que muy pocos, porque presentan las excusas y los jueces de primera instancia las aceptan y reprograman las audiencias. No queda más que tener paciencia.

En su experiencia como operador de justicia, ¿en qué momento está la justicia guatemalteca?
Un momento complicado. Lo que todos percibimos es que existen muchas presiones sobre los tribunales de justicia, sobre las salas de Apelaciones y, obviamente, pues pareciera como que hay una justicia selectiva. Pero nada es para siempre y hay que confiar en el sistema. Al final de cuentas, en todas las instituciones hay buenas y malas personas.

Yo estoy totalmente convencido, por ejemplo, de que en el Ministerio Público la mayoría de los excompañeros son personas trabajadoras, honestas, que hacen su trabajo como corresponde. Y en los tribunales de justicia también hay extraordinarios jueces que aplican la ley de forma correcta.

Si debemos enfrentar procesos y ser juzgados, tratamos de defendernos con las herramientas y los mecanismos que la ley nos provee.

¿De dónde provienen las presiones para perseguir a exoperadores de justicia?
Indiscutiblemente, tienen que originarse en personas que en su momento quizá fueron objeto de investigaciones por parte de las diferentes fiscalías, que en algún momento pudieron haber enfrentado procesos. Muchos de los procesos que se están promoviendo en contra de operadores de justicia han sido motivados por denuncias de personas que anteriormente figuraban como sindicadas.

Sin duda alguna, habrá otros grupos de poder que ejercen cierta presión sobre el sistema de justicia, pero tenemos que hacer lo que nos corresponde: defendernos utilizando todos los mecanismos legales.

La labor de investigación, indiscutiblemente, trajo como consecuencia una persecución política, una persecución judicial espuria.

¿Persecución o venganza?
Ambas. Es una persecución, pero el trasfondo es una represalia, una retaliación. Pero hay algo interesante, y es que, por mi experiencia como fiscal —de investigación, el trabajo de litigio, los casos que se presentaron y demás—, eso era mi obligación, no un acto heroico. Era mi trabajo, y para eso me estaba pagando el Estado, el pueblo de Guatemala, y había que tratar de hacerlo de la mejor forma posible.

Y en la Fiscalía contra la Corrupción, que estuvo a mi cargo, hicimos mucho teniendo muy poco, porque esa sección siempre fue descuidada, olvidada, a la que no se le fortaleció para poder generar mejores resultados.

Teníamos personal, pero miles de expedientes, de denuncias de diferente tipo, y estábamos obligados a iniciar la investigación cuando teníamos conocimiento de la posible comisión de delitos.

Para investigar temas de corrupción se necesita tener auditores, analistas criminales, equipos policiales, y nuestros recursos sí eran muy limitados, pero con lo que tuvimos a nuestra disposición, creo que logramos muy buenos resultados. Y prueba de ello es que estamos por acá sentados.

¿Esta situación desincentiva esos esfuerzos?
El Ministerio Público tiene 31 años de existir, y la Fiscalía contra la Corrupción fue creada en 1999. Más o menos del año 2000 al año 2003 o 2004 dio muy buenos resultados. Luego vino la Cicig, que con la Feci presentaron casos muy emblemáticos del 2015 en adelante.

Creo que los grupos pro corrupción e impunidad definitivamente tenían como objetivo sembrar temor en los operadores de justicia. Y, por ejemplo, casos como el mío o de las personas que están en el exilio, que trabajaron en Feci, exjueces, somos esos precedentes que quieren ir marcando para que nadie más se atreva a tocar intereses poderosos.

No fue un acto heroico. Simplemente era el cumplimiento del deber.

Los casos contra el exfiscal Stuardo Campo

¿Haría lo mismo después de esta situación?
Sí, por supuesto. Cuando ingresé al Ministerio Público estaba consciente de que tenía dos opciones: trabajar y tratar de dar lo mejor de mí o acomodarme a un sistema y simplemente ir a cobrar un sueldo. A mí siempre me gustó darlo todo en el trabajo; incluso uno hace muchos sacrificios personales.

Siempre fue una motivación esforzarme en los diferentes procesos de investigación. Me gustaba mucho el litigio, me encantaba venir a tribunales, no solo en casos emblemáticos. También en el interior fui a cubrir una infinidad de audiencias y a asumir la responsabilidad en nombre de la institución ante los terceros.

¿Qué desgaste personal implica la persecución?
Definitivamente la familia sufre mucho. Tengo a mi mamá, tengo a mi esposa, mi hijito, y obviamente es bastante complicado. Es un costo alto. Profesionalmente, también tengo dos años de no trabajar, de no ser productivo. Tuve que dejar paralizada mi graduación de maestría.

Me gustaría cumplir con un juramento universitario de hacer labor social. Y en este ámbito, sobre todo el derecho penal, hay mucha necesidad. Los privados de libertad tienen muchas carencias, tienen muchos problemas, mucha injusticia.

He podido percibir, a lo largo de estos dos años que he estado compartiendo con diferentes personas que enfrentan distintos casos, que desgraciadamente hay sentencias condenatorias injustas. Hay personas que no deberían estar en prisión, obviamente por el tipo de delitos o de señalamientos que se les hacen. Por eso me gustaría poder brindar apoyo, apoyo social a los privados de libertad.

Dios me permitió ver las cosas desde una perspectiva distinta. En algún momento yo dije: “Va a ser difícil cambiar el chip de ser acusador para ser defensor”, pero ahora lo haría gustosamente, y deseo hacerlo, porque los privados de libertad y sus familias, obviamente, necesitan mucho apoyo. Yo soy uno más, y si Dios permite recuperar mi libertad, me encantaría hacer labor social.

Temas de corrupción no defendería, porque es lo que me trajo estas consecuencias. Filosóficamente, sería muy complicado defender a una persona con graves señalamientos por corrupción.

“Los privados de libertad y sus familias necesitan mucho apoyo. Yo soy uno más”.

Stuardo Campo, exfiscal procesado en tres casos penales.

¿Tiene esperanza en el relevo de poderes judiciales en el 2026?
La alternabilidad en el ejercicio del poder, en términos generales, es vital, porque una persona que tiene mucho poder y durante mucho tiempo es peligrosa. El poder a veces engolosina, y pueden existir muchas desviaciones en la función pública al ostentar el poder durante largos lapsos de tiempo.

Así es que definitivamente va a ser muy saludable para el sistema de justicia y para el Ministerio Público que exista un cambio. Así como en el Tribunal Supremo Electoral y en la Corte de Constitucionalidad, y espero que todos esos cambios en las diferentes instituciones sean de beneficio, obviamente, para el país, y que coadyuven al fortalecimiento del Estado de derecho.

Lo importante es que se respeten los procesos de elección como corresponde, porque ya hemos tenido precedentes bastante negativos, como la prolongación de funciones de la Corte Suprema de Justicia y las salas de la Corte de Apelaciones, que prácticamente estuvieron nueve años ejerciendo una función jurisdiccional por diferentes razones, ¿verdad? Y eso no es sano. No es saludable.

Tengo confianza en que la renovación de las autoridades en las diferentes instituciones, paulatinamente, va a permitir oxigenar el sistema, no solo el sistema de justicia, sino el sistema democrático. Esperamos que muchos abogados honestos, honorables, probos, inteligentes —eh, vale, de verdad— se postulen, obviamente, y que exista la posibilidad de realizar una escogencia adecuada por parte del presidente de la República, del sustituto de la doctora Consuelo Porras.

¿Por qué se inclina por la labor social en favor de las personas privadas de libertad?
El sistema penitenciario no cumple con la reinserción social: no hay posibilidad de continuar con los estudios de ningún nivel, menos universitario, y al hablar con los privados de libertad, hay muchas personas que quisieran terminar sus estudios.

La infraestructura de los centros también es un gran desafío para tener condiciones dignas. Es un derecho de los privados de libertad recibir las visitas de sus hijos, de sus esposas, de sus padres, y es lamentable la precariedad. No hablo de Mariscal Zavala, sino en general. La prisión restringe su libertad, pero no el resto de los derechos.

A mí, el sistema penitenciario, en los casi dos años que tengo de estar privado de libertad, me ha tratado dignamente; no se han violado mis derechos. Presidios está en condiciones de precariedad, por eso no hay vehículos para los traslados, ni instalaciones adecuadas.

Cuando usted está del lado del Ministerio Público o del Organismo Judicial, a veces uno ve muchas realidades que son duras, que no se ven a simple vista o uno no las quiere ver. Pero conocerlas y vivirlas es necesario para, quizás, en un futuro, poder tratar de realizar un esfuerzo de transformación.