La justicia está de cabeza. Un juez prácticamente deja libre a un médico que incurrió en negligencia que llevó a la muerte a una paciente, luego la descuartizó para desaparecer su cuerpo, en medio de todo un escabroso montaje para hacer creer que la víctima había salido caminando de su clínica. Un completo horror el hecho sangriento, al igual que la sentencia del juez Pedro Laynez. Por si eso no bastara, la Junta de Disciplina del Organismo Judicial no suspendió de sus cargos a cuatro jueces señalados de graves abusos sexuales contra menores de edad. Pese a la actitud delincuencial de estos juzgadores, también fueron tratados con guante de seda, al contrario de Jose Rubén Zamora, quien es víctima del Ministerio Público y el sistema de justicia cooptado. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones anuló el arresto domiciliario al periodista, quien ahora debe volver a prisión.

La historia detrás del cirujano plástico Kevin Malouf es de terror: Floridalma Roque pagó Q74 mil 400 por una cirugía estética por la flacidez de brazos y párpados. Un enfermero que dio su versión indicó que el 13 de junio de 2023 la paciente tuvo una crisis en la sala de operaciones por falta de insulina, pero Malouf no quiso comprarla, ni trasladar a Roque a un hospital para que la atendieran, porque dijo que eso era caro. El resultado fue el deceso de la víctima. En lugar de afrontar el problema, el médico intentó ocultarlo. Con sus cómplices, Malouf metió el cadáver en un bote y lo sacó de la clínica, para luego despedazarlo con sierras dentadas y tirar los restos en un área boscosa de Escuintla. Realmente un hecho horroroso, pero el juez Laynez solo lo condenó por homicidio culposo y nada más le impuso dos años de cárcel, conmutables a razón de Q5 diarios. El criminal estará libre cuando pague Q3 mil 560. Es espantoso el crimen, al igual que la complicidad de la justicia.

La crisis en que se encuentra la administración de justicia es general. Solo de esa manera se puede entender que la Junta de Disciplina del Organismo Judicial no suspendiera de sus labores a cuatro jueces acusados de abusos sexuales y abuso de autoridad, en Alta Verapaz. Walter Rosales, José Quiñónez, Luis Paniagua y William Chen son los juzgadores señalados de violencia sexual contra menores de edad, además de beber licor en horas de trabajo. En particular, Rosales y Quiñónez son acusados de mantener en el juzgado a una menor de edad, a quien presuntamente violaron en forma reiterada. Un juez de sentencia penal, como los sindicados en este caso, debería ser garante de la legalidad y la justicia, cuya labor es fundamental para asegurar que los procesos penales se desarrollen de manera justa y equitativa. Sin embargo, ¿qué garantía de justicia podrían aportar estos delincuentes de cuello blanco, si ellos mismos incurren en delitos graves?

A la justicia que es benevolente con los delincuentes no le tiembla la mano para ensañarse contra quien ha utilizado el periodismo para denunciar la corrupción y la impunidad de la cleptocracia. Ese es el caso de Jose Rubén Zamora, a quien el juez Erick García le otorgó arresto domiciliario, en octubre pasado, luego de permanecer más de 800 días en prisión preventiva, gracias a un caso inventado por el Ministerio Público (MP). La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones anuló todo lo actuado por el juzgador por un supuesto error en la resolución judicial. Es indudable que se utiliza la justicia como forma de venganza por las denuncias que el periodista publicó en el desaparecido diario elPeriódico. Tan solo basta saber que el MP solicitó 40 años de prisión por el supuesto lavado de dinero de Q300 mil que le atribuyó a Zamora. Esta serie de hechos dejan ver la podredumbre de la administración de justicia, que premia o castiga a conveniencia porque está cooptada por intereses políticos espurios.