En la necesidad de que la meritocracia deje de ser una aspiración y se convierta en la norma; en poder verificar verdaderamente la capacidad e idoneidad de una persona para ser magistrado, fiscal general o contralor.
Como siempre, caemos en la trampa de pensar que nuestros problemas políticos son una mera cuestión de “personas buenas” contra “personas malas”. Sin embargo, dejamos de ver que la historia de reformas fallidas o de cambios que nunca ocurren en el país responde a un problema técnico y estructural: de incentivos y de ingeniería institucional, que no es otra cosa que el diseño deliberado de las reglas del juego. Por ello, tenemos que hablar del elefante en la sala en estos últimos años, y más evidentemente en los últimos meses: el modelo de comisiones de postulación.
Por muchos años se ha tratado de corregir la Ley de Comisiones de Postulación (decreto número 19-2009), buscando ajustar ciertas piezas visibles del proceso: más transparencia, más escrutinio público, mejores criterios, más controles para impedir influencias indebidas. ¿Y el resultado? Casi el mismo de siempre. Así, las mismas dudas persisten: ¿cómo hacemos para que sean procesos más transparentes?, ¿que mejores profesionales se postulen?, ¿qué estándares de evaluación deben prevalecer?
Todo esto nos arrincona a una reflexión necesaria. Quizá el problema no es superficial, sino que es un tema de voluntad política y, más importante aún, de diseño. Si este define la forma en la cual se ordena el proceso, es decir, cómo se moldean los incentivos, se delimitan los márgenes de discrecionalidad y, en última instancia, se condicionan las decisiones que se toman en las comisiones, pretender que un sistema produzca resultados diferentes es, en el fondo, una apuesta a la ilusión.
La Ley de Comisiones de Postulación es de 2009, y el primer intento de reformarla ocurrió en 2012. A este le siguió una serie de propuestas de reforma en 2015, 2018, 2021 y 2022 que nunca llegaron a concretarse y que hoy se engavetan junto con muchas otras iniciativas. Vale la pena echar un vistazo a cómo fue evolucionando la idea de reformar el decreto 19-2009:
Quizá el problema no es superficial, sino que es un tema de voluntad política y, más importante aún, de diseño.
Al inicio, se creía que la transparencia era la cura mágica. Si tan solo todas las sesiones de las comisiones de postulación fueran públicas, con la información disponible para los ciudadanos y todo quedara grabado, la luz del sol desinfectaría el proceso. No obstante, el paso del tiempo hizo, efectivamente, que las comisiones fueran más públicas y transparentes, pero también evidenció que esto puede convivir con negociaciones al margen. Luego se exigió mayor rigurosidad a la hora de votar por los candidatos que se postulaban, buscando que al menos se racionalizara el voto en el Congreso cuando a los diputados les tocaba elegir a algunos funcionarios. ¿Muy idealista pensar que la vergüenza pública iba a detener a algunos de hacer alianzas en la oscuridad, verdad? Por ello, más adelante el foco giró hacia blindar los procesos de comisiones de postulación de intereses externos: frenar cualquier tipo de politización, judicialización o “comisiones paralelas” que pudieran surgir.
Hoy el énfasis gira hacia la evaluación técnica. En la necesidad de que la meritocracia deje de ser una aspiración y se convierta en la norma; en poder verificar verdaderamente la capacidad e idoneidad de una persona para ser magistrado, fiscal general o contralor. Por eso, los constantes cuestionamientos a las tablas de gradación, a los puntajes y a los criterios que se utilizan para evaluar a los aspirantes.
Sin embargo, la pregunta de fondo sigue sin responderse. Tendremos que atravesar una nueva frontera, con exigencias más rigurosas. Porque no basta con ver los procesos y, años después, decir: “sí, me recuerdo que eso estuvo mal… pero nunca hicimos nada para arreglarlo”.