Virginia Laparra, exfuncionaria anticorrupción, fue condenada a cuatro años de prisión conmutables por el delito de abuso de autoridad en forma continuada; aunque la sentencia le permite salir de prisión tiene un segundo proceso sin solventar, el cual presenta retrasos para iniciar la primera fase.

Laparra fungió como jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango. Allí llevó casos en contra de élite empresarial y funcionarios del Estado, ella asegura que su caso fue parte de una venganza por su labor anticorrupción realizada en conjunto con la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

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Laparra podría cobrar su libertad al pagar un aproximado de Q14 mil, obteniendo así un arresto domiciliario mientras purga su condena impuesta. No obstante, un segundo proceso derivado de la misma causa ya juzgada le imposibilita salir del cuartel militar Mariscal Zavala.

EL CASO CONTRA VIRGINIA

El caso en contra de la exfiscal surgió por cuatro denuncias administrativas que planteó en contra de Lesther Castellanos, exjuez de Mayor Riesgo y actual Relator contra la Tortura, por supuestamente filtrar información de un caso bajo reserva a las partes procesales de este, específicamente al abogado Omar Barrios, con quien tiene una relación de amistad.

Los señalamientos en contra de Castellanos fueron presentados durante 2018, en la Junta de Disciplina Judicial (JDJ). Sin embargo, ninguno tuvo éxito.

Después de esta situación, el exjuez presentó una denuncia en contra de Laparra por los supuestos delitos de abuso de autoridad y usurpación de atribuciones. La Fiscalía de Asuntos Internos desarrolló la investigación y la semana pasada dictó condena en contra de Laparra.

EL NUEVO PROCESO DERIVA DE ESTE

El 19 de octubre, Laparra fue detenida al salir de una audiencia en Torre de Tribunales, estando ella en prisión preventiva, por un segundo proceso en su contra. Esta vez por una denuncia de revelación de información confidencial, interpuesta por el mismo denunciante que originó el primer proceso, Lesther Castellanos.

La abogada de Virginia, Claudia González, en ese momento entendió que el mensaje era claro, querían a la exfiscal presa de una u otra forma. “Esto se hace cuando existe un peligro de fuga, pero Virginia se encuentra en prisión preventiva (…) es lamentable como opera el MP”, expresó.

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Esta denuncia surgió el 4 de agosto de 2018 durante un caso en el que Laparra representaba al Ministerio Público (MP). La audiencia quedó suspendida porque la exfuncionaria tramitaba una solicitud de “acuerdo de colaboración eficaz”. Hasta no solventar dicha diligencia, no podían avanzar con el proceso.

En ese mismo año, las denuncias contra Castellanos tomaron lugar y con ello el exjuez inició una investigación de Laparra. A palabras de la abogada de Virginia, Claudia González, “ahí es cuando Lesther dice que reveló información confidencial porque el caso estaba bajo reserva”.

EL CASO NO PRESENTA AVANCES EN DOS MESES

Este proceso a diferencia del ya resuelto se dilucida en Quetzaltenango. “A la fecha, el Ministerio Público no ha hecho ni una sola diligencia de investigación para criminalizar a Virginia”, asegura la litigante.

Del 19 de octubre, cuando se le detuvo por segunda vez, a la fecha, pesan dos meses desde que Laparra tuvo que realizar su primera declaración; sin embargo, esta audiencia se encuentra pendiente y sin fecha programada. “El problema es que en Xela son siete jueces pluripersonales, de los cuales, cuatro ya no pueden conocer el caso porque se excusaron de llevarlo”, indica la abogada.

Asimismo, una quinta jueza, Carmen Acu Ramírez, fue recusada. Es decir, la defensa de Laparra presentó un recurso legal para separarla del caso; esto porque “es amiga de Castellanos y podría ser parcial al momento de juzgarla”, explicó González.

Sin embargo, desde el pasado octubre la Sala de Apelaciones no resuelve quién será el nuevo juez, de los últimos dos que quedan, quien lleve el proceso de la exfiscal anticorrupción.

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“No me parece extraño que del 19 de octubre para acá la Sala no haya resuelto”, expresa la abogada con voz irónica, puesto que en repetidas ocasiones ha mencionado la criminalización y ralentización del proceso.

LAPARRA SEÑALADA COMO UNA PERSEGUIDA POLÍTICA

Organizaciones nacionales e internacionales apuntaron a una persecución política en contra de la exjefa de la FECI de Quetzaltenango desde su detención.

La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Oacnudh), Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) y el Colegio de Abogados de EE. UU. (ABA, por sus siglas en inglés) acudieron como observadoras en las audiencias del caso hasta el momento de su sentencia.