La Corte de Constitucionalidad ordenó a la Corte Suprema de Justicia elegir un nuevo presidente en cinco días, tras 17 sesiones fallidas que ponen en riesgo la estabilidad del Organismo Judicial.

La Corte de Constitucionalidad emitió una resolución dirigida al pleno de la Corte Suprema de Justicia, instruyendo la elección de un nuevo presidente del Organismo Judicial en un plazo de cinco días.

La decisión surge tras revisar el expediente 6779-2024, en respuesta a un amparo presentado por el diputado Bequer Neftalí Chocooj de la Cruz, quien cuestionó el incumplimiento de la CSJ en una orden previa de la CC.

La CC fundamenta su resolución en el impasse de 17 sesiones sin consenso en el pleno de la CSJ para elegir a un presidente, una situación que, según el tribunal constitucional, amenaza el sistema republicano y democrático establecido en la Constitución de Guatemala.

La resolución resaltó la urgencia de que la CSJ cumpla con esta elección para mantener la estabilidad institucional.

Para asegurar el cumplimiento de esta orden, la CC exigió al presidente en funciones de la CSJ, Carlos Lucero, que convoque a los magistrados a una sesión especial enfocada exclusivamente en la elección del nuevo presidente. Esta sesión deberá declararse como permanente, con la condición de no prolongarse más allá de cinco días.

Además, los magistrados no podrán ausentarse y deberán permanecer hasta completar la elección, excepto en casos de obligaciones judiciales urgentes

. La CC advirtió que, si los magistrados no alcanzan un acuerdo con los dos candidatos actuales, se permitirá descartar sus postulaciones y considerar otras opciones.

Este mandato de la CC se produce tras la filtración de un video en el que el magistrado Carlos Lucero, actual presidente en funciones, reveló su intención de mantenerse en el cargo. Lucero y el magistrado Carlos Velásquez, los dos candidatos en contienda, han estado estancados en las votaciones, obteniendo cinco y ocho votos, respectivamente, sin alcanzar los nueve necesarios para ser electos.

La resolución de la CC advierte que el incumplimiento de esta orden podría conllevar sanciones graves, incluyendo la destitución de los magistrados involucrados, en cumplimiento de los artículos 53 y 78 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.