La posibilidad de implementar un impuesto al envío de remesas familiares se traduciría en un impacto social en los hogares guatemaltecos, con una reducción del consumo y un incremento en el riesgo de caer en situación de pobreza, según expertos.

Las remesas se han convertido en un pilar de la economía familiar de unos tres millones de hogares guatemaltecos, funcionando como un ingreso fijo para cubrir gastos del hogar, construcción de vivienda, educación, ahorro y el impulso de actividades comerciales.

Las acciones en Estados Unidos que puedan derivar en la implementación de un impuesto a las transferencias tendrían varios efectos desde una perspectiva social, especialmente en los hogares que dependen exclusivamente de ese ingreso.

Las autoridades monetarias, en análisis recientes, han planteado que no habría riesgo macroeconómico, y que el impacto estimado sería de US$860 millones, equivalente al 0.5% del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, se alerta sobre las posibles consecuencias sociales. De aprobarse, el impuesto entraría en vigencia en 2026.

El valor promedio de las remesas recibidas por hogar oscila entre US$300 y US$500. Han funcionado como un sustento vital, compensando ingresos que, en muchos casos, son enviados por el esposo a la ama de casa para cubrir gastos básicos, médicos y de alimentación. La mayoría de los beneficiarios reside en áreas rurales, donde el costo de vida es menor al de la ciudad de Guatemala y sus alrededores.

Cadena de efectos sociales

Gravar los envíos de remesas implicaría que un porcentaje de los recursos enviados se retendría como impuesto en Estados Unidos.

Abel Cruz Calderón, vicerrector de la Universidad Mesoamericana, explicó que el ingreso disponible disminuiría, lo que afectaría la capacidad de compra de los guatemaltecos que reciben remesas.

En la misma línea, Fredy Arizmendy Gómez, catedrático de macroeconomía en la Universidad de San Carlos de Guatemala, señaló que el impacto variaría por territorios, ya que hay municipios donde el efecto podría ser significativo.

Citó el caso de una aldea en Joyabaj, Quiché, donde muchos migrantes envían dinero; una retención afectaría seriamente la economía local. Añadió que la contracción en los ingresos implicaría afectaciones en salud, alimentación y otros rubros básicos. Aunque no tendría efecto sobre el PIB, sí afectaría el producto nacional bruto.

Como escenario crítico, Gómez advirtió que los flujos de remesas podrían estancarse o incluso reducirse.

Golpe para las familias

Guillermo Díaz, del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas de la Universidad Rafael Landívar, opinó que el impacto podría ser nulo si los migrantes absorben el impuesto. Sin embargo, proyecta que el crecimiento de remesas se reduciría en 3.5%, manteniéndose por encima del 10%.

“Cada punto porcentual en el crecimiento de las remesas impulsa una décima de punto en el consumo”, explicó. Agregó que el impacto recaería sobre las familias que dependen exclusivamente de las remesas, cuyo promedio por envío ronda los US$500. El impuesto implicaría una reducción cercana a Q131, monto equivalente a un día de alimentación en áreas rurales.

Cruz Calderón añadió que los migrantes deberán aumentar el monto enviado a entre US$110 y US$115 para cubrir el impuesto y mantener el nivel de consumo familiar.

¿Fin del ciclo de las remesas?

Díaz advirtió que el efecto del impuesto puede ser mínimo por sí solo, pero combinado con las deportaciones masivas y una menor migración, podría generar alarma. Estimó que esos tres factores podrían reducir los ingresos por remesas en hasta US$1 mil 500 millones, afectando a casi una de cada tres familias y propiciando mayor vulnerabilidad a la pobreza.

El papel del remitente

Frente a la posible reducción de montos recibidos, las familias deberán adoptar medidas de ajuste, mientras que el migrante deberá asumir los costos adicionales. “Si el banco cobra comisión y ahora se aplica un impuesto, el remitente debe calcular ambos cargos para asegurar que su familia reciba el monto deseado”, dijo Cruz Calderón.

Gómez sugirió diseñar políticas laborales para retornados, ya que muchos no intentarán migrar nuevamente. También prevé un aumento del emprendimiento, especialmente por parte de mujeres jefas de hogar que se incorporarán al mercado laboral.

Díaz enfatizó la necesidad de diversificar las fuentes de ingreso para reducir la dependencia de las remesas, especialmente a mediano plazo, cuando se espera el impacto de las políticas migratorias de EE. UU.

Temores hacia el futuro

Pedro Pablo Solares, analista en temas migratorios, expuso una visión sobre el impacto potencial del impuesto desde Estados Unidos:

¿Cuál es el impacto social en Guatemala?

Es complicado anticipar la reacción de quienes envían remesas. Aunque se prevé una reducción de US$860 millones, las remesas han mostrado ser anticíclicas, y en otras ocasiones han crecido pese a adversidades. El impacto más fuerte se daría en el ahorro y la inversión, más que en el consumo.

¿Por qué se advierte sobre un impacto social más que macroeconómico?

Porque, según la encuesta de la OIM de 2022, más de seis millones y medio de personas en Guatemala son beneficiarias de remesas. Existe el temor de que esta fuente de divisas esté en riesgo por las políticas del actual gobierno estadounidense.

¿Qué consecuencias sociales pueden surgir?

El impuesto podría formar parte de una estrategia para desmotivar la migración irregular, junto con deportaciones, aprehensiones arbitrarias y restricciones al asilo. La reducción de remesas podría aumentar la pobreza, la desnutrición y la violencia, además de generar deserción escolar y frenar sectores como la construcción, el transporte y la salud.

¿Cómo debería abordarse esta situación?

Por su relevancia nacional y alcance transversal, debe abordarse desde el nivel más alto del Ejecutivo.