Derivado de la detección de posibles anomalías en el expediente que contiene el caso por la muerte de Melisa Palacios que la entonces juez de Mayor Riesgo C, Silvia de León ubicó luego que el Juzgado de Primera Instancia Penal de Zacapa no adjuntara una serie de audios de las distintas audiencias que se realizaron en esa judicatura, el Instituto de la Víctima (IDV) solicitó que se verifique si hubo anomalías al respecto.

Según explica el ente, presentaron un memorial ante el Juzgado para que se verifique si hubo o no intencionalidad en la falta de los audios, sin embargo, en el memorial también se solicita que se verifique si la carpeta se encuentra completa o bien faltan documentos que puedan ser clave para el diligenciamiento del proceso.

En tal sentido, el IDV solicitó que de encontrarse las anomalías se certifique lo conducente en contra del personal o jueces que pudiesen estar involucrados en la posible comisión de una falta o delito ante los elementos que pudieran hacer falta en el expediente. Dicha certificación, solicitaron que se pueda realizar ya sea a la Junta de Disciplina Judicial o al Ministerio Público (MP), según sea el caso.

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Ante esta situación, la juez Carol Berganza, emplazó para que, en un máximo de ocho días, las partes se pronuncien al respecto.

Este emplazamiento se hace para que cada uno indique si se encontraron anomalías y así la juzgadora pueda tomar una decisión al respecto.

De momento, el proceso continuará su curso, donde recientemente se conoció que el próximo 2 de septiembre, se discutirá si se acepta o no el procedimiento de aceptación de cargos que por tercera vez fue solicitado por María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín.

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