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Sandoval, Aldana, Gaitán y Sosa se pronuncian por órdenes de captura en caso Odebrecht
A través de un comunicado, los exfiscales y exfuncionarios del sistema de justicia de Guatemala, Siomara Sosa, Thelma Aldana, David Gaitán y Juan Francisco Sandoval, denunciaron lo que ellos llamaron actos ilegales ejecutados por la Salta Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, que a solicitud del Ministerio Publio (MP), giró órdenes de captura en su […]
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A través de un comunicado, los exfiscales y exfuncionarios del sistema de justicia de Guatemala, Siomara Sosa, Thelma Aldana, David Gaitán y Juan Francisco Sandoval, denunciaron lo que ellos llamaron actos ilegales ejecutados por la Salta Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, que a solicitud del Ministerio Publio (MP), giró órdenes de captura en su contra dentro de una fase del caso Odebrecht.
En su pronunciamiento, los cuatro exfuncionarios acusan al MP de continuar promoviendo una estrategia sistemática de criminalización en contra de actores anticorrupción, mediante la manipulación del sistema de justicia.
Además, los cuatro exfuncionarios expresaron su preocupación por la designación de jueces «ad hoc» y el uso de mecanismos irregulares por parte de la mencionada sala, lo que ellos consideran que constituye una violación al debido proceso y pone en riesgo el Estado de Derecho en el país.
CONSIDERAN ACCIONAR DE SALA COMO ILEGAL
En el comunicado detallan tres razones por las cuales consideran que es ilegal y arbitraria la resolución emitida por la Sala Tercera:
Violación de la competencia judicial: Resaltan que una sala de apelaciones no tiene facultades para emitir órdenes de captura, pues esa función corresponde exclusivamente al juez de primera instancia.
Doble persecución por los mismos hechos: Los hechos imputados ya fueron previamente evaluados y sancionados, por lo que su reutilización constituye una forma de persecución penal duplicada, prohibida por la ley.
Desconocimiento de normas internacionales: Acusan al MP y a la sala de ignorar el Acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala que estableció la CICIG, el cual protege a sus integrantes mediante inmunidades y privilegios internacionales.
En ese sentido, los exfuncionarios advierten que estas maniobras son para proteger a actores políticos señalados por corrupción, como Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón y Arturo Batres, quienes afirman habrían recibido más de US$20 millones en sobornos por parte de Odebrecht.
