Primeros amparos llegan a la CC y abren contienda legal en la renovación de fiscal general
Una de las acciones busca modificar la tabla de gradación que excluye a los abogados jóvenes; otro quiere dejar fuera de la contienda a jueces de carrera.
El proceso de renovación de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) entró en una contienda legal. Abogados presentaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) los primeros amparos contra decisiones de la comisión de postulación que nominará seis candidatos para relevar a Consuelo Porras.
Analistas ya advertían que las elecciones de segundo grado estarían rodeadas de recursos legales. Las dudas en el proceso de selección de candidatos para fiscal general motivan las recientes acciones legales.
Entre sus primeras acciones, la comisión de postulación formuló la tabla de gradación, el instrumento que asigna un puntaje a los méritos académicos profesionales y de proyección humana de cada postulante. También se verificó que cada uno de los expedientes de los 59 aspirantes reuniera los requisitos de la convocatoria. Luego de ese ejercicio, 11 están temporalmente descartados y 48 continúan el proceso.
La forma en que calificará los méritos de los aspirantes y sus calidades para optar a ser candidatos a fiscal general ha despertado los primeros señalamientos que escalaron hasta la CC.
La tabla de gradación asigna 28 puntos a los méritos académicos: hasta 10 puntos por los grados académicos alcanzados; 8 por el ejercicio docente; 4 por la participación en eventos académicos; 4 por publicaciones académicas; y 2 por los méritos o distinciones obtenidas.
La calificación máxima para méritos profesionales es de 70 puntos. Conforme a los años de experiencia, cada aspirante puede sumar hasta 50 puntos; si el aspirante ha ejercido cargos en dirección administrativa, pública o privada, se les conceden 10 puntos; y otros 10 puntos por su participación en una entrevista ante la comisión de postulación.
Quedan los últimos 2 puntos para valorar la ética y la proyección humana.
Excluye abogados jóvenes
Algunos abogados y la organización Impunity Watch cuestionan la distribución de los 50 puntos que la tabla asigna para los méritos profesionales, porque consideran que deja fuera de la contienda a los aspirantes más jóvenes, ya que el cómputo de puntos arranca a partir de los 10 años de ejercicio.
Hasta después de haber cumplido una década de experiencia se asignan dos puntos por cada año de ejercicio, que beneficia a perfiles con mayor tiempo de ejercicio profesional, según el análisis de Edgar Ortiz, abogado experto en temas constitucionales que presentó uno de los amparos.
“El asunto es la nota de corte y la tabla de grabación. Si ustedes ven la tabla verán que 50 puntos de los 100 están asignados a los años de ejercicio y el resto a otros méritos. De tal forma que, si un aspirante saca la nota completa en todos los asuntos de la tabla, pero tiene menos de 24 años de colegiación, está automáticamente eliminado”, explicó el abogado.
El amparo busca que se suspenda la asignación de puntos en los años de ejercicio profesional y la línea de corte de 75 puntos. “Lo que pedimos no es ni retrasar el proceso ni suspenderlo ni retrotraerlo, nada. La comisión puede y debe seguir trabajando con el cronograma que tiene y lo que pedimos no interrumpe de ninguna forma el flujo de trabajo”, añadió Ortiz.
La forma en que quedó distribuida la asignación de puntos, a criterio del abogado, violenta el derecho de igualdad; pudieron caer incluso en una discriminación por edad; junto a los artículos 2016 y 251 de la Constitucional, lo que haría que la tabla sea inconstitucional.
De los 59 aspirantes originales, antes de la primera exclusión, solo 12 tenían más de 60 años, con posibilidad de llegar a una calificación alta en experiencia profesional.
La Comisión de Postulación del @MPguatemala no cambió la tabla de gradación como sugirió un grupo de comisionados tras advertir qué solo los mayores de 60 años podrían optar a notas altas por la calificación a los años de ejercicio. De 59 aspirantes solo 12 superan los 60 años. pic.twitter.com/3Jz80czCkK
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) February 23, 2026
En ese rango se encuentran Néctor Guilebaldo de León; Julio Rivera Clavería; María Consuelo Porras; Nicolás Cuxil; Marco Antonio Cortéz; Eliseo Quiñonez; Carlos Rivera; Zoila Morales; Ronalth Ochaeta; Brenda Dery, entre otros.
Contra jueces
En la selección de aspirantes a fiscal general se encuentra el actual ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. Funcionario que llegó al Ejecutivo por una licencia otorgada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por ser un juez de carrera.
La acción presentada por el abogado Edgar Guillermo Sánchez Girón busca dejar fuera del proceso a cualquier juez, notario o funcionario administrativo que no tenga en su experiencia, al menos, 10 años de ejercicio como abogado.
“No basta ser abogado y tener 10 años de colegiación, pues la norma en cuestión, establece como requisito haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años, con la cual se excluye a aquellos profesionales de derecho, aunque tengan más de 10 años de graduación”, apunta su escrito.
En la solicitud concreta que hace el abogado Sánchez Girón es que se le ordene a la comisión de postulación de fiscal general excluir a todos aquellos que no han sido abogados, por al menos, una década.
Durante la revisión de expedientes la continuidad de Villeda fue cuestionada por la presidenta de la comisión, Claudia Paredes, quien también es la presidenta de la CSJ.
Paredes argumentó que el formulario no estaba firmado, pero al revisar el expediente se aclaraba que si se contaba con el documento firmado, pese a eso ella junto a los comisionados de Universidad de Occidente; Universidad Panamericana y Universidad Da Vinci buscaron dejarlo fuera.
Frenar elección
Las dudas sobre la tabla de gradación motivaron un tercer amparo en contra de la comisión de postulación a fiscal general y el presidente Bernardo Arévalo, acción promovida por el abogado, Erick Castillo.
El abogado busca que la postuladora modifique la forma en que va a evaluar la experiencia profesional; mientras que al presidente que se abstenga de hacer la elección toda vez se resuelvan las dudas alrededor de la tabla de gradación.
“Con esta tabla de gradación se fijaron límites y se está impidiendo que los mejores perfiles pueden optar al cargo de fiscal general”, justificó el abogado que se suma a las críticas a la tabla de gradación.
Castillo añadió: “Se está limitando el derecho para mantener en el poder a funcionarios públicos que obviamente ya han estado en ese ejercicio, pero le están limitando el derecho a otros profesionales que tienen la oportunidad de poder postularse y demostrar que también tienen esas capacidades”.
El abogado que presenta el amparo fue quien promovió una acción similar en el 2022, que le ordenó a aquella comisión de postulación incluir a María Consuelo Porras en la nómina de candidatos, que le permitió ser reelecta.
La Corte acumula amparos contra la designación de magistrados de CC por el Consejo Superior Universitarios (CSU); y contra la nómina de 20 candidatos al Tribunal Supremo Electoral (TSE); acciones que no han sido resueltas y a las que se suman las nuevas impugnaciones en el proceso de fiscal genera y jefe del MP.