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TSE presenta amparo en la CC en contra de la jefa del MP, presidenta del OJ y otros funcionarios, por amenaza de “vulnerar el Estado de derecho”
TSE pide que los funcionarios denunciados se abstengan de emitir órdenes opuestas a la oficialización de resultados de las Elecciones Generales en Guatemala.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), mediante la mandataria judicial María Lucrecia Morales Molina, presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra de ocho funcionarios públicos ante la “la amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneren del Estado Democrático de Derecho”.
Los funcionarios denunciados son:
- David Napoleón Barrientos Girón, ministro de Gobernación
- Henry Yovani Reyes Chigua, ministro de la Defensa Nacional
- Silvia Patricia Valdés Quezada, presidenta del Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia
- María Consuelo Porras Argueta, fiscal general y jefa del Ministerio Público
- Wuelmer Ubener Gómez González, procurador general de la Nación
- Edwin Manfredo Ardiano López, director general de la Policía Nacional Civil
- José Alejandro Córdova Herrera, procurador de los Derechos Humanos
- Edwin Martínez Cameros, ministro de Finanzas Públicas
En el amparo que presentó el TSE, se menciona que este va dirigido por “la amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneren del Estado Democrático de Derecho al no garantizar el ejercicio de las funciones del Tribunal Supremo Electoral, de los Órganos Electorales Temporales y de la ciudadanía en general, para el desarrollo de un proceso electoral hasta su conclusión en un ambiente de libertad y plena vigencia de los derechos constitucionales de la ciudadanía y organizaciones políticas”.
En el amparo también señala que los denunciados “se abstengan de emitir decisiones y órdenes que se opongan a la plena vigencia, eficacia y cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo 1328-2023”. – en el que declarar la validez de la Elección de presidente y vicepresidente de la República, realizada el 25 de junio pasado-.
Según el amparo del TSE, los derechos que se estiman amenazados en caso de concretarse la amenaza cierta, futura e inminente que señalan son:
Deber del Estado de garantizar la libertad, justicia seguridad, certeza jurídica y paz (artículo 2 de la Constitución Política de la República
Elegir y ser electo y el Principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República (artículo 136 de la Constitución Política de la República)
Principio de Legalidad y sujeción al imperio de la ley de la función pública (artículo 154 de la Constitución Política de la República)
Régimen Político-Electoral del Estado de Guatemala (artículo 223 de la Constitución Política de la República).
El documento señala como terceros interesados en el caso al Ministerio Público, a través de la Fiscalía de asuntos constitucionales, amparos y exhibición personal y a los partidos políticos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Movimiento Semilla.