Cuatro jueces acusados de abuso sexual en Alta Verapaz no serán suspendidos de sus cargos, a pesar de haber sido señalados de cometer graves delitos. “El 28 de febrero se realizó la segunda audiencia contra Walter Fabricio Rosales, José Alfredo Quiñónez, Luis Paniagua Herrera y William Chen Botzoc, jueces de los tribunales primero y segundo de sentencia penal de Alta Verapaz, quienes están acusados de abuso sexual contra menores de edad y cometer abusos de poder. La supervisión general de tribunales solicitó que fueran suspendidos para no afectar el proceso, sin embargo la Junta de Disciplina denegó esta petición”, dice la nota de Jasmin López en Ruda.

Las funciones de un juez son aplicar el derecho, administrar justicia, juzgar y sentenciar a personas señaladas por distintos delitos o faltas. Están allí para impartir justicia de manera independiente, pronta, imparcial y razonable, respetando el debido proceso. Pero estos jueces altaverapacenses han sido señalados de hacer hecho todo lo contrario: reuniones dentro del juzgado con personas ajenas al trabajo que realizan, además de maltratar al personal, mandar a comprar alcohol o presentarse en estado de ebriedad. Y para ponerle la cereza al pastel, según la investigación realizada por la Supervisión General de Tribunales, “Rosales y Quiñónez además habrían cometido abuso sexual contra menores de edad”, según la nota de Ruda. Según testigos, el juez Rosales, incluso, ingresaba en su vehículo a una joven, presuntamente menor de edad, que vivió en las oficinas del juzgado durante algún tiempo. Rosales y Quiñónez se turnaban para violar a la adolescente, a quien llamaban “Baby”.

Esto habla de la normalización de la violencia sexual contra niñas, adolescentes y jóvenes mujeres en nuestro país. También habla de la falta de una educación integral en sexualidad. Pero de lo que más habla, es de simples violadores, de hombres “normales” que, por su condición de jueces, creen que pueden cometer violencia sexual en un marco de total impunidad. Una autoridad judicial violando leyes, es una perversa paradoja protagonizada por quien se cree un dios. ¿Cómo se vincula esto a las violaciones más recientes de dos niñas ocurridas en Chinautla y el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala, y los cientos de violaciones terribles que suman miles cada año? ¿Qué tiene que ver todo lo anterior con lo dicho por el reciente informe de Human Rights Watch sobre una violencia sistémica en contra de niñas y adolescentes? Según este informe, aproximadamente 15.000 niñas y adolescentes menores de 14 años dieron a luz entre 2018 y 2024; solo en el 1% de esos casos se obtuvo justicia. Según el Osar, el 89% de todos los casos de embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 18 años han sido producto de violaciones por hombres de su entorno cercano; un tercio de este porcentaje han sido los mismos padres biológicos.

Sin duda, las luchas de las mujeres han provocado cambios en el mundo y hemos avanzado en todos los campos, pero aún estamos lejos de cerrar las brechas de inequidad y desigualdad. El acceso de las niñas, adolescentes y mujeres a la justicia, la educación, la salud, el empleo digno, la participación en espacios de representación y decisión, y el derecho a decidir sobre su cuerpo, es algo que aún les queda lejos a muchas. En muchos espacios se sigue pensando que solo servimos como objetos sexuales o para la maternidad; como dijo Elsa Morante: “Nadie piensa que una madre tiene cuerpo de mujer”. Nacer mujer no es un hecho neutro en países como Guatemala, y el proceso de socialización que viven tantas niñas desde su nacimiento, entre la pobreza, la marginación y la normalización de las violencias en su cuerpos, nos dice que aún es largo el camino que hemos de andar.