Santiago Palomo asumió ayer la dirección de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), y actuará como el “brazo ejecutivo” del Presidente de la República en la definición de las prioridades del Gobierno en la lucha contra el mencionado delito y su prevención en la administración pública.

La CNC se estableció por medio del Acuerdo Gubernativo 31-2024, publicado ayer en el Diario de Centro América, que reforma el Acuerdo 28-2020, que creó la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, en enero de 2020. Entre las innovaciones de la nueva instancia está la creación de Consejeros Delegados, integrados por representantes de la sociedad civil, pueblos originarios y sector privado.

Trabajarán ad honorem, y le otorgarán, según Palomo, legitimidad a este esfuerzo. “Este es un ente de propuesta y participación ciudadana, constituido como un esfuerzo para establecer políticas o medidas tangibles que permitan identificar los actos de corrupción y erradicarlos del Estado”, dijo el comisionado a medios de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura.

Entre sus atribuciones, la institución se encargará de promover políticas y estrategias para prevenir el citado delito y monitorear su implementación, asimismo, coordinar el establecimiento de acciones y propuestas para que las dependencias del Ejecutivo incluyan en su planificación anual actividades de prevención y combate al flagelo.

Asimismo, se ocupará de promover y fortalecer medidas para contener el fenómeno aludido, así como fomentar la integridad, la rendición de cuentas y la gestión adecuada de los asuntos y bienes públicos, además de impulsar estrategias para robustecer los mecanismos de detección y denuncia de actos anómalos en el Ejecutivo, entre otras.

Según Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, la renovación de la Comisión le quita el estigma de ser una entidad “inútil que históricamente no ha producido resultados y ha sido tapadera de actos anómalos” en administraciones pasadas.

“Esperamos que este nuevo formato pueda ofrecer un plan de acción que brinde resultados rápidos y ponga al descubierto redes ilegales que operan en el interior de los ministerios y dependencias del Ejecutivo”, enfatizó Marroquín.