El Juzgado Décimo Penal resolvió no tramitar la querella presentada por diputados oficialistas contra el juez Fredy Orellana y remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por tratarse de un funcionario con derecho de antejuicio.

El Juzgado resolvió inhibirse de conocer la querella penal presentada contra Fredy Raúl Orellana Letona, juez “A” del Juzgado Séptimo Pluripersonal Penal de la misma jurisdicción, y remitió el expediente a la CSJ para que resuelva el procedimiento a seguir por la inmunidad que goza Orellana, a quien los denunciantes señalan de emitir resoluciones contrarias a la constitución y atribuirse funciones que no le corresponden.

La querella fue promovida por 23 diputados y diputadas al Congreso de la República. Los congresistas plantearon la acción penal en contra de Orellana Letona, quien, por su condición de juez titular, goza del derecho de antejuicio.

Sin embargo, el juez Víctor Manuel Cruz Rivera resolvió inhibirse de continuar instruyendo en el expediente y ordenó su remisión inmediata a la Corte Suprema de Justicia, órgano competente para determinar si procede retirar la inmunidad al funcionario señalado.

La resolución subraya que, conforme a la normativa vigente, el juez que conoce en primera instancia una denuncia contra un funcionario con antejuicio no debe emitir juicios de valor ni tipificar los delitos denunciados, limitándose a trasladar el expediente dentro del plazo legal de tres días hábiles.

Denuncia

El pasado 3 de noviembre, como respuesta a los intentos de dejar sin efecto los resultados de las elecciones del 2023, el presidente Bernardo Arévalo presentó una denuncia formal ante la Junta de Disciplina Judicial contra el juez Fredy Orellana.

La acción judicial busca que se imponga una sanción ejemplar al juzgador, como consecuencia de la resolución que este emitió el 25 de octubre, con la cual pretendía disolver de forma definitiva el partido Movimiento Semilla y, con ello, invalidar los cargos obtenidos por el presidente Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera, diputados y un alcalde electo por ese partido en los comicios del 2023.

En dicha resolución, el juez declaró la nulidad absoluta del comité pro formación del Movimiento Semilla y remitió oficios al Congreso de la República y al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral para notificar su decisión. Esto provocó que tanto la Presidencia como distintos sectores de la sociedad se pronunciaran e interpusieran acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad, con el fin de dejar sin efecto lo resuelto por Orellana. La decisión fue calificada por el presidente Arévalo como un intento de “socavar la democracia y la voluntad popular”.

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