Cuatro jueces de Alta Verapaz enfrentan un proceso disciplinario por un aparente uso indebido de instalaciones, además, uno de ellos por el aparente hallazgo de una menor de edad en el despacho.

Los jueces que enfrentan el proceso disciplinario son William Arturo Chen, José Alfredo Quiñónez, Luis Alejandro Paniagua y Walter Fabricio Rosales Hernández; todos señalados de consumo de bebidas alcohólicas, protagonizar escándalos en las judicaturas.

Rosales Hernández, también es señalado de mantener en su despacho a una menor de 16 años, quien, según la abogada Sindie García, de la Inspección General de Tribunales, no tiene ninguna relación laboral, familiar o de otra índole con el juzgador, lo que podría constituirse en trata de personas y abuso de menores.

Durante una audiencia el 27 de mayo, la abogada García expuso los hechos que se les señala y con los cuales solicitó a la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial que los jueces sean destituidos de sus cargos.

La inspección señala que los jueces pudieron estar vinculados en trata de personas menores de edad, consumo de bebidas alcohólicas en horario laboral, así como incitar a los trabajadores de sus respectivas judicaturas a realizar estas acciones. Además, asistir a reuniones en negocios expendedores de bebidas alcohólicas.

Se señalaba que estas actividades habrían sido hechas a diario por los cuatro jueces de Alta Verapaz, señalados de cometer faltas a la ética y de realizar acciones no acordes con sus funciones.

Debido a esta conducta, se solicitó la destitución de los cuatro jueces señalados, al asegurar que estos no cumplen con las condiciones de idoneidad requeridas para desempeñar sus funciones en el Tribunal Primero y Tribunal Segundo de Sentencia, ambos en Alta Verapaz.

Los hechos

Los hechos por los cuales se sindica a los jueces datan de octubre de 2023, afirmó García, quien comentó que se recibió información de la sociedad civil organizada de Alta Verapaz, en la cual se hizo conocimiento de esta situación.

La abogada García calificó como “lamentable” este comportamiento, al indicar que hay jueces y magistrados en ese departamento vinculados con establecimientos dedicados a la trata de personas y al consumo de licor. Asimismo, señaló que conviven con menores de edad e incluso mantienen relaciones sentimentales con personal auxiliar judicial que labora en la judicatura.

Según la investigación contra el juez Walter Fabricio Rosales Hernández, presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal, hay declaraciones testimoniales en las que se indica que él llevaba a una menor de edad en su vehículo, aprovechando que este no era registrado al ingresar a la sede judicial.

También se menciona que la menor fue vista en reiteradas ocasiones dentro del despacho del juez. Uno de los testigos afirmó que la joven preguntaba en varias ocasiones por “Fabricio”, en referencia al juez Rosales Hernández. Varios testigos también indicaron haber visto a la joven, en múltiples ocasiones, dentro del despacho del juzgador, en horario laboral.

La abogada Sindie García indicó que el personal de la Inspección General de Tribunales abordó a la joven, en el parqueo del edificio en donde funciona el Tribunal Primero de Sentencia, y ella les aseguró que tenía 16 años.

La menor también expresó que no es estudiante de ninguna universidad de Alta Verapaz, ni realiza pasantías en el tribunal, pero que sí era amiga de “Fabricio”, como ella misma llamó al juez Rosales.

Fue de esa cuenta que no se encontró ningún motivo para que la menor estuviera en las instalaciones del juzgado. Además se confirmo que la misma menor fue vista en un negocio en el que se expenden bebidas alcohólicas y que es frecuentado por el juez Walter Fabricio Rosales Hernández, señala la investigación.

En cuanto a los jueces José Alfredo Quiñónez Lemus, Luis Alejandro Paniagua Herrera y William Arturo Chen, se les señala de presentarse en aparente estado de ebriedad a sus labores, además de ingerir bebidas alcohólicas en el juzgado y de incitar al personal a realizar estas acciones. También son acusados de amenazar al personal para evitar que dieran declaraciones en su contra.

Ante estas acciones, la Supervisión General de Tribunales solicitó la destitución del cargo de jueces de primera instancia de Walter Fabricio Rosales Hernández, José Alfredo Quiñónez Lemus, Luis Alejandro Paniagua Herrera y William Arturo Chen.

La audiencia en contra de los señalados continuará el 17 de junio.

Denuncias contra jueces no avanzan

Según datos de la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial, hasta mayo se han presentado un total de 736 denuncias contra jueces y magistrados de todo el país. Las faltas más comunes son incumplimiento de deberes, retardo malicioso en los procesos o atrasos en el trámite de expedientes judiciales.

Del total de denuncias presentadas, 16 han derivado en sanciones, mientras que otras 300 no fueron admitidas para su trámite. El resto continúa en proceso o en evaluación.

Faltas y sanciones

La Ley del Servicio Civil del Organismo judicial establece que los jueces y trabajadores judiciales pueden ser sancionados por faltas disciplinarias calificadas como leves, graves o gravísimas.

Faltas leves:

• La inobservancia del horario de trabajo sin causa justificada.
• La falta de respeto debido hacia los funcionarios judiciales, público en general, compañeros y subalternos en el desempeño del cargo, representantes de órganos auxiliares de la administración de justicia, miembros del Ministerio Público, del Instituto de la Defensa Pública Penal y Abogados.
• La falta de acatamiento de las disposiciones administrativas internas del Organismo Judicial.
• La negligencia en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo, establecidos en esta ley.

Faltas graves:

• Abandonar total o parcialmente las tareas propias del desempeño del cargo.
• Incurrir en retrasos y descuidos injustificados en la tramitación de los procesos.
• No guardar discreción debida en los asuntos que conoce por razón de su cargo.
• La conducta y los tratos manifiestamente discriminatorios en el ejercicio del cargo.
• La falta de acatamiento de las disposiciones contenidas en los reglamentos, acuerdos y resoluciones que dicte la Presidencia del Organismo Judicial.
• Ocultar a las partes documentos o información de naturaleza pública.
• Ausencia injustificada a sus labores por un día.
• Asistir a sus labores en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes o en cualquier otra condición anormal análoga.
• La tercera falta leve que se cometa dentro de un período de un año, cuando las dos primeras hayan sido sancionadas.

Faltas gravísimas:

• Solicitar o aceptar favores, préstamos, regalías o dádivas a las partes, a sus abogados o a sus procuradores.
• Desempeñar simultáneamente empleos o cargos públicos remunerados, ejercer cualquier otro empleo incompatible con su horario de trabajo y ejercer o desempeñar cargos directivos en entidades políticas.
• Interferir en el ejercicio de las funciones de los otros organismos del Estado, sus agentes o representantes o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona en el Organismo Judicial.
• Ocultar información que implique prohibición para el desempeño del cargo
• abstenerse de informar una causal sobreviniente.
• Faltar injustificadamente al trabajo sin permiso de la autoridad correspondiente o sin causa justificada, durante dos días laborales completos y consecutivos o durante seis medios días laborales en un mismo mes calendario.
• Portar armas durante la jornada de trabajo y en el ejercicio de sus funciones salvo los casos especiales autorizados, por la autoridad administrativa del Organismo Judicial.
• Abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin licencia de la autoridad correspondiente.
• Cometer cualquier acto de coacción, especialmente aquellos de índole sexual o laboral.
• La tercera falta grave que se cometa dentro del lapso de un año, cuando las dos primeras hayan sido sancionadas.

Sanciones:

Las faltas cometidas por los empleados y funcionarios judiciales se sancionarán en la forma siguiente:

• Faltas leves: amonestación verbal o escrita.
• Faltas graves: suspensión hasta por 20 días, sin goce de salario.
• Faltas gravísimas: suspensión hasta por 45 días, sin goce de salario o
• destitución.