El sector privado guatemalteco subió el tono y puso fecha límite. El 2 de junio es, según sus cálculos, el último día útil para aprobar la ley integral contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo sin que el país caiga en la lista gris de GAFILAT.

Si no ocurre, el costo lo pagarán todos: familias que viven de remesas, Mipymes, exportadores y hasta quien busca un crédito para una casa.

Reunidos todos los representantes que integran el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), ofrecieron esta mañana una conferencia de prensa, en la que fijaron su postura.

Para Carlos Arias, presidente de CACIF, no es un debate ideológico ni político. “Es una discusión sobre el futuro económico del país y sobre la confianza internacional en Guatemala”.

La ley busca incorporar los estándares del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Aprobarla no es opcional: es un acto de responsabilidad, dice, y dejarla pasar es abrirle la puerta a intereses oscuros que se benefician de la opacidad.

FACTURA PARA EL CIUDADANO COMÚN

Entrar a la lista gris no es sólo un manchón en la reputación del gobierno. Arias lo explicó en términos concretos: cualquier operación internacional vinculada con Guatemala se volverá más lenta, más cara y más compleja.

El ejemplo más directo son las remesas. Si Guatemala es catalogada como de mayor riesgo, el costo de enviar dinero podría subir hasta 40%. Además, vendrían más controles, límites mensuales y requisitos adicionales para los migrantes. En un país donde las remesas sostienen a millones de hogares, eso se traduce en menos dinero llegando a la mesa.

El efecto se encadena. Las corresponsalías bancarias —los bancos extranjeros que permiten pagos internacionales, cartas de crédito y uso de tarjetas— podrían encarecerse o restringirse.

Las Mipymes, desde la tienda de barrio hasta el taller y el emprendimiento digital, enfrentarían más requisitos, menos crédito y pagos más lentos. “Cuando las empresas pequeñas sufren, las familias que dependen de ellas también sufren”, advierte Arias.

GRADO DE INVERSIÓN EN RIESGO

Francisco Ralda, de AGEXPORT, quien también estuvo presente lo dijo sin rodeos; «aislarse en un mundo globalizado sería una sentencia de muerte para el sector exportador”. Guatemala ya compite con problemas de puertos, trámites y calidad.

Quedar en lista gris sería sumar una barrera que ahuyenta inversión y reduce flujos de capital.

Juan Pablo Estrada, de la Cámara de Construcción, llevó el impacto a la vivienda. Una parte importante de la compra de casas se financia con remesas. Si esas remesas se limitan por controles más duros, desaparece la capacidad de muchas familias para adquirir vivienda.

El daño no es de meses. Arias recordó que Panamá tardó 6 años en salir de la lista gris. Guatemala lleva años trabajando por el grado de inversión. Caer ahora destruiría una década de esfuerzo y postergaría el acceso a financiamiento más barato y a mayor inversión extranjera directa.

ENMIENDAS EN LA MIRA

El sector privado aclara que no se trata de aprobar por aprobar. La ley debe cumplir los principios de GAFILAT. “Pasar una mala ley no nos quita el problema”, señala Arias. Ya hubo meses de mesas técnicas, observaciones y consensos.

Los requisitos son claros, y negociar lo innegociable solo acerca al país al riesgo. La evaluación de GAFILAT llegará en febrero. Para entonces la ley debe estar no solo aprobada, sino implementada. Por eso el 2 de junio es la línea roja: es la última fecha que da margen para cumplir.

Jorge Briz, Presidente de la Cámara de Comercio, señaló que el mensaje del sector privado es directo: sin ley, Guatemala paga la factura en remesas más caras, crédito más escaso, exportaciones más caras y menos inversión.

No es un problema abstracto del sistema financiero. Es el costo del almuerzo, la cuota de la casa y el empleo del vecino. El Congreso tiene una decisión técnica y urgente frente a sí. Si la deja pasar, el país entero entrará en una cuenta regresiva que dura años, no días.