La propuesta de ley 6576, denominada Ley de agilización de la inversión pública, impulsada por diputados oficialistas para acelerar la ejecución de los presupuestos asignados a gastos de capital —especialmente en proyectos de inversión—, contiene múltiples errores técnicos.

Así lo señala un análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Por su parte, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) advierte que se trata de un “parche” cuando lo que se necesita es una reforma integral y estructural de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE).

El Gobierno Central, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), defiende la iniciativa y asegura que esta busca “más agilidad en la ejecución de la inversión pública, reforzando la eficiencia, transparencia y control social”, según una presentación realizada el lunes 11 de agosto.

La Comisión de Finanzas del Congreso, presidida por el diputado Julio Héctor Estrada Domínguez, comentó que existen varias observaciones sobre la iniciativa, la cual será discutida este miércoles. “La propuesta combina herramientas ya existentes y vigentes en la legislación guatemalteca, con otras de alcance tan amplio y laxo que, de aprobarse, comprometerían seriamente la transparencia y el control del gasto público”, afirmó el legislador.

Contradicciones y advertencias

El Icefi presentó un documento de análisis en el cual identifica errores técnicos en varios artículos, así como medidas de dudosa efectividad y disposiciones contrarias a la transparencia fiscal, que podrían facilitar abusos o actos de corrupción.

La entidad advierte que, de aprobarse en sus términos actuales, la propuesta no alcanzará el objetivo de agilizar la inversión pública, y en cambio generará obstáculos en la ejecución presupuestaria y afectará los esfuerzos anticorrupción.

El documento —elaborado por Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Icefi— recomienda al presidente Bernardo Arévalo que la iniciativa sea cuidadosamente analizada por todas las instituciones del Ejecutivo involucradas, en particular por el Minfin y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), por ser responsables de la política fiscal y de inversión pública.

Entre los errores técnicos identificados están:

• El artículo 14 propone reducir de 40 a 20 días el período de preparación de ofertas, lo cual contraviene el artículo 9.5 del Capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que establece un mínimo de 40 días entre la publicación del aviso y la fecha límite para presentar ofertas.
• El artículo 15 modifica los montos para la modalidad de cotización pública, pero no establece a partir de qué cifra aplica dicha modalidad.
• En el artículo 16 se proponen cambios para permitir compras directas con oferta electrónica por montos de entre Q100 mil y Q200 mil. Sin embargo, no se ajustan los parámetros para las compras de baja cuantía —que se mantienen hasta Q25 mil—, dejando sin regulación adquisiciones entre Q25 mil y Q100 mil.
• El artículo 17 plantea reformar el artículo 62 de la LCE, con propuestas que, según el Icefi, atentan contra la transparencia y podrían facilitar irregularidades.

Una de las disposiciones permitiría declarar de urgencia nacional las fases de proyectos del Gobierno Central, entidades descentralizadas y autónomas, Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) y municipalidades. Con ello, se otorgaría discrecionalidad absoluta a las autoridades superiores, lo cual eliminaría en la práctica los controles establecidos en la LCE y en la Ley Orgánica del Presupuesto.

No se definen criterios ni lineamientos para determinar qué proyectos se ejecutarán al amparo de esta ley, y se traslada a las autoridades superiores la facultad de emitir normas para contrataciones, lo cual implicaría una posible inconstitucionalidad, ya que el Congreso estaría cediendo su función legislativa.

También se advierte que la propuesta contradice las mejores prácticas internacionales, pues permitiría a más de 350 entidades —incluidos ocho ministerios, Ferrocarriles de Guatemala, la Empresa Portuaria Quetzal, la SAT y las 340 municipalidades— implementar procedimientos propios, lo que dificultaría el control y la supervisión.

Además, se cuestiona que se otorgue un plazo de tres años para aplicar estas disposiciones, por considerarse excesivo ante la amplitud de los regímenes propuestos.

Como alternativa, el Icefi sugiere la instalación de una mesa interinstitucional para formular recomendaciones que permitan corregir los errores identificados.

Cien: “Es un parche”

Jorge Lavarreda, analista del Cien, señaló que es necesaria una reforma integral de la LCE: “A estas alturas, lo vemos como un parche más a la ley”.

A su criterio, es preferible una reforma estructural. Además, recordó que el Minfin ha anunciado una nueva propuesta de reforma, por lo que esta iniciativa perdería sentido.

Aunque reconoció que la decisión es política, el consultor subrayó que en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) la ejecución está paralizada debido a que hay una cartera de proyectos con pagos pendientes que superan lo presupuestado. Por ello, se busca ordenar ese aspecto antes de avanzar con el gasto.

Respecto de los Codedes, indicó que no se contaban con proyectos precalificados ni con respaldo técnico, por lo que los recursos extraordinarios asignados no se han traducido en ejecución.

Minfin: “Se promueve mayor agilidad”

Jonathan Menkos, ministro de Finanzas, afirmó en conferencia de prensa que la iniciativa busca promover mayor agilidad en la inversión pública y reforzar la eficiencia del gasto.

Según Menkos, la propuesta respeta los principios de transparencia y control social, y define qué inversiones serán estratégicas: puertos, aeropuertos, carreteras, así como obras en salud, educación, agua y saneamiento.

“Se respeta el marco legal vigente, incluida la Ley de Contrataciones del Estado, y se crean elementos para facilitar contrataciones con entidades como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos”, concluyó.