De acuerdo con registros del Ministerio Público (MP), a la fecha han ingresado más de 70 denuncias contra una estructura criminal que simulaba la compraventa de terrenos y viviendas.

De esas denuncias, 19 fueron presentadas por víctimas en Quetzaltenango y otras tres en Retalhuleu, departamentos donde capturaron a cinco abogados en el 2025, señalados por el MP de integrar esta estructura. Los profesionales del derecho fueron ligados a proceso penal por los delitos de falsedad material y estafa, y están a la espera de la audiencia en la que se decidirá si enfrentarán juicio.

El sexto integrante de la estructura fue capturado el 25 de febrero pasado en la colonia El Pedregal, Retalhuleu, señalado como el presunto cabecilla. La Policía Nacional Civil (PNC) lo identificó como Juan Carlos Gonon Méndez, de 49 años.

“Gonon Méndez registra 10 órdenes de aprehensión por los delitos de rebeldía, falsedad ideológica, casos especiales de estafa, uso de documentos falsificados, estafa y encubrimiento propio”, indicó la Policía.

Esta persona había sido ligado a proceso por estafas, pero ya no se presentó a la audiencia de 2025 y el juez lo había declarado en rebeldía.

Las investigaciones señalan que los comisionistas ofrecían terrenos de los cuales no tenían documentos o de los que no eran propietarios. Cerraban los negocios con las víctimas y posteriormente se dirigían con los abogados de la estructura para realizar los supuestos traspasos. Sin embargo, los inmuebles nunca pasaban a nombre de los compradores, pues esos trámites eran la fachada de la estafa.

El MP informó que los abogados presuntamente se prestaban para elaborar documentos falsos y que, cuando las víctimas se daban cuenta, ya habían pagado por un terreno que nunca pasó a su nombre.

Además, los detenidos también son investigados por el despojo de inmuebles en el Occidente del país.

Las pesquisas detallan que la estructura criminal probablemente tenga vínculos con empleados del Registro de la Propiedad, ya que han detectado el traspaso de varios inmuebles con documentos falsos que fueron avalados por esa institución pública.

El MP señaló que las investigaciones continúan y que, hasta la fecha, la estructura habría estafado a sus víctimas por millones de quetzales, aunque no precisó el monto exacto.

Agregó que parte del dinero que recibían de las estafas aparentemente lo utilizaban para comprar más casas y terrenos en efectivo, con el fin de no bancarizar el dinero obtenido de forma ilegal.