La asignación para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) se aumentará en Q200 millones para el 2026, según se aprobó en el último Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur). El techo de los fondos ordinarios será de Q4 mil 509 millones.

El aumento corresponde al crecimiento de los impuestos que la población paga al Estado; sin embargo, hasta julio del presente año los consejos han logrado ejecutar solo el 12% de los fondos ordinarios recibidos.

En Petén y la región metropolitana la inversión se aleja del porcentaje global, con ejecución por encima del 20%, mientras que los niveles de gasto más bajos se encuentran en el Nororiente con el 5%, de acuerdo con los datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).

Los fondos de los Codede provienen del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que corresponde a Q4 mil 491 millones y los otros Q17 millones de las regalías de la actividad en hidrocarburos. Ambos se distribuyen por municipio o departamento de acuerdo con la población de cada lugar.

La solicitud del monto se oficializará cuando el proyecto de presupuesto sea presentado al Congreso. Para este año, la asignación de fondos ordinarios asciende a Q4 mil 300 millones. Al sumar los recursos no ejecutados en 2024 y otras asignaciones, hasta julio, los Codede disponen de Q10 mil 400 millones para ejecutar proyectos en los 340 municipios del país. A la fecha se han desembolsado más de Q2 mil millones de los Q12 mil 500 millones vigentes para este año.

Extensión del plazo

Como respuesta a esa lenta ejecución, el Conadur resolvió ampliar los plazos para presentar proyectos de inversión por más de 30 días. Luego de la disposición, los tiempos quedan de la siguiente manera: los expedientes se podrán presentar hasta el 31 de julio, para la aprobación de opinión técnica en el Sistema de Inversión Pública (SNIP) se fijó como límite el 15 de agosto y la firma de convenios a más tardar el 16 de septiembre.

Para la ejecución de una obra -un proyecto de drenaje, pavimentación, entre otros- con fondos de los Codede es necesario realizar una serie de procedimientos para su la aprobación de los proyectos y desembolso de los fondos. Solo después de agotado el proceso, es posible el inicio de los trabajos.

La extensión de los plazos corresponde a todo el procedimiento anterior al inicio de una obra y, adicionalmente, los procedimientos de la Ley de Contrataciones demoran hasta 45 días, es decir que algunos contratos se podrían firmar en los últimos días de octubre y solo tendrían dos meses para realizar los proyectos.

En 2024, cuando también se ampliaron los plazos para la formulación de proyectos de inversión, las autoridades del Ejecutivo la justificaron como una respuesta al atraso en los procesos administrativos para ejecutar las obras debido a la elección tardía de gobernadores departamentales. En cambio, este año la solicitud fue planteada por el alcalde de San Juan Sacatepéquez y representante de la región Metropolitana, Juan Carlos Pellecer, bajo el argumento de que los procesos avanzan lento y causan atrasos en el inicio de las obras.

“Se encuentra la carga en nosotros los alcaldes que somos los ejecutores. Después de haber sido firmado el convenio con el gobernador empieza otro lejos para nosotros”, indicó Pellecer.

El presidente, Bernardo Arévalo, exhortó a los miembros de los Codede a apresurar desde ya los procedimientos de las obras del año entrante, pues según el marco legal el proceso de aprobación se realiza un año antes al financiamiento del proyecto.

“Los proyectos deberían de contar con una aprobación en el Snip el año previo, si nosotros tratáramos de cumplir con este procedimiento no tendríamos que estar recurriendo a esos retrasos e incluso ganaríamos tiempo para los desembolsos y ejecución de los proyectos y sería tal vez el mayor logro que podríamos tener”, declaró el mandatario.

Gasto multianual

El año pasado, los plazos se extendieron al menos dos veces, una en el primer semestre y la segunda, durante la aprobación del presupuesto general de 2025, cuando el Congreso autorizó que los fondos se trasladaran para este año.

A criterio del experto en gobiernos locales, Luis Linares, es probable que nuevamente se busque que la ejecución de los fondos de los Codede sea multianual.

“Es lo más seguro -que vayan a solicitar que sean multianuales porque no pueden regresar el presupuesto al fondo común”, comentó Linares.

Recordó la manera en la que se han realizado las negociaciones del presupuesto de Consejos y su uso multianual que, en su momento, fue criticado por otorgar un fondo millonario a los Codede que históricamente no han demostrado capacidad de ejecución efectiva.

Gestión de los expedientes

En la sesión del Conadur, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) presentó las cifras actualizadas hasta junio de los procesos administrativos de cada obra. El 13% de los proyectos financiados por fondos ordinarios no cuenta con expediente ante la Secretaría General de Planificación y Programación (Segeplan) y el 48% han sido aprobados.

En cuanto a los proyectos de presupuesto extraordinario, el 38% no cuentan con expediente y solo el 21% han sido aprobados.

El alcalde Pellecer explicó que algunos expedientes no han sido aprobados por la falta de certeza sobre la propiedad de los terrenos, es decir, las municipalidades en algunos casos planean proyectos en tierras comunales.

“En Segeplan no se está aceptando que se lleve el derecho -de uso- de la tierra que las comunidades han otorgado para sus obras”, dio a conocer el jefe edil.

Añadió que, por ejemplo, en la Dirección de Caminos se necesita más personal para que los trámites de los avales avancen más rápido. Esta queja es recurrente entre los alcaldes que señalan lentitud en los procesos de todas las instituciones relacionadas a los proyectos de los Codedes.

Evaluación

Linares agregó que es necesario que el gobierno lleve a cabo un estudio de impacto de las obras construidas con fondos de Consejos para determinar beneficios en la población y procurar la calidad del gasto. Esto, a su criterio, permitiría tomar mejores decisiones sobre los recursos que se les asignan.

“Habría que realizarlo para tener una justificación sólida, yo creo que son recursos desperdiciados, pero se necesitan datos duros”, concluyó.