La política de “Paz Total”, la principal apuesta del presidente colombiano Gustavo Petro por minimizar la violencia y desmantelar los grupos armados en Colombia, que han dejado cientos de víctimas en un conflicto de décadas, afronta escenarios de críticas y obstáculos por las confrontaciones armadas de los grupos ilegales en los territorios.

El asesinato de cuatro niños indígenas que desertaron de las filas del Estado Mayor Central, luego de que este grupo los reclutó para la guerra, ponen sobre la mesa las dificultades del ambicioso plan de desmontar los diversos grupos subversivos y de delincuencia organizada.

Los principales grupos armados, como el ELN, Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, se acogieron al llamado de Paz Total de Petro, con el fin de terminar con los años de violencia mediante diálogos, con varios de estos grupos el gobierno mantiene negociaciones abiertas, sin embargo, suspendió el cese al fuego con aquellos grupos con el que llegó a acuerdo en ese punto.

Con la primera organización armada con la que rompió el cese al fuego fue el Clan del Golfo, un grupo paramilitar al que el Gobierno señaló estar detrás de un paro minero en el noreste de Colombia y de atentar contra La Fuerza Pública. El grupo exige un tratamiento político similar al del ELN. Sin embargo, recientemente el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, precisó que con esta y otras organizaciones a las que no se les considera grupos rebeldes, se adelantan negociaciones a través del sometimiento a la justicia que plantea beneficios penitenciarios como rebaja de penas y otros beneficios a cambio de verdad y reparación.

De otro lado, el Estado Mayor Central fue el otro grupo con el que el Gobierno rompió una tregua en las hostilidades luego del crimen de 4 menores, sin embargo, mantiene acercamientos para definir la instalación de la mesa de negociaciones.

En este sentido, para Torrijos, la incapacidad para verificar el cumplimiento del cese el fuego amenaza los planes de paz.

En medio del ambicioso plan de Paz Total de Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, se suma el capítulo del reclutamiento de menores, la Defensoría del Pueblo ha emitido diferentes alertas tempranas en las que contabiliza el reclutamiento de 23 casos reportados durante el primer trimestre del año, manifestando que “el reclutamiento de menores es un crimen en Colombia y en cualquier parte del mundo. Reclutar a una persona a partir de los 16 años es desconocer plenamente el Derecho Internacional Humanitario”.

“La realidad es que los niños y niñas que hoy son víctimas de reclutamiento no tienen la capacidad real de ejercer su voluntad para ingresar, ni mucho menos para decidir si permanecen o no en esos grupos”, apuntó el defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo.

Para Torrijos, las dificultades siempre van a estar presentes en este tipo de procesos y agregó que el Gobierno debe estar preparado para saber hasta qué punto puede seguir dialogando con estos grupos. “Si no hay unas metas cumplidas claras, es muy difícil que estas organizaciones se sientan comprometidas. Yo creo que el Gobierno debe estar preparado para decir en un momento dado: ‘no más’. Porque podrían ver diezmado su apoyo popular”, concluyó.

Fuente: VOA