La muerte de 41 menores de edad bajo resguardo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, ocurrida el 8 de marzo de 2017, aún sigue causando conmoción, en Guatemala y el mundo, debido a la brutalidad del suceso. Ayer, 12 de agosto, más de ocho años después de la tragedia que exhibió una cadena de negligencias, incompetencias, prejuicios y crueldades, se dictó sentencia en contra de seis sindicados. Las más severas fueron contra el exdirector del centro, Santos Torres, y de quien entonces era secretario de Bienestar Social, Carlos Rodas: 25 años de prisión.

Debe purgar 17 años de cárcel Brenda Chamán, exjefa de Protección contra el Maltrato; 13 años, Lucinda Marroquín, antigua subinspectora de Policía, que retardó la apertura del aula donde ocurrió el mortífero incendio; 11 años para Armando Pérez Borja, quien era subcomisario de Policía, y seis años para a Gloria Castro, exdefensora de la Niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos. Un exjefe de la Procuraduría de Menores de la PGN, Harold Flores, fue absuelto. Anahí Keller, quien fuera subsecretaria de Bienestar Social de la Presidencia, fue apartada del proceso en mayo último, debido a un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad. Provisional.

Después de 121 audiencias, que comenzaron el 10 de enero de 2024, tras un calvario de atrasos, fue conmovedor ver las lágrimas y abrazos entre sobrevivientes de aquel letal siniestro, así como familiares de las víctimas mortales, tras un proceso excesivamente prolongado a causa de litigios maliciosos, incomparecencias —muchas de ellas claramente amañadas—, rezagos en el proceso de pesquisa y suspensión de múltiples audiencias. Tales dilaciones son sintomáticas de que constituyen una revictimización, lo cual fue atestiguado por el mundo entero y debería ser un acicate para la mejora judicial.

Fueron llamativas algunas acciones irrespetuosas contra la memoria de las víctimas, incluso dentro del mismo período de Jimmy Morales, mandatario al momento de la tragedia y principal responsable de aquella Secretaría de Bienestar Social. En septiembre de 2019, a dos años y medio de la tragedia, so pretexto de los festejos patrios y una recomendación de seguridad antidesastres, el entonces ministro de Cultura, Élder Súchite, ordenó remover las cruces instaladas en la Plaza de la Constitución que conmemoraban —y lo hacen aún— a las 41 niñas fallecidas: un auténtico reclamo de justicia. “La plaza no es cementerio”, dijo, oficioso, Súchite. Familiares volvieron a colocarlas. Y allí están.

Obviamente, era un tema incómodo para aquel mandatario, cuyas órdenes de intervención policial en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, aquel infausto 8 de marzo, fueron mencionadas por un comisario policial. Morales nunca fue investigado por el Ministerio Público (MP); antejuicios en su contra fueron rechazados, pero ahora ya no goza de inmunidad. En efecto, el tribunal, en su resolución, recomendó investigar la cadena de mando y la posible responsabilidad del expresidente Morales. El MP no puede eludir tal orden. También debería clarificarse si el amparo provisional que favoreció a la exsubsecretaria queda en firme.

En todo caso, este veredicto representa un precedente de la rendición de cuentas de funcionarios. Toda persona en posición de poder, ya sea elegida o nombrada, debe responder por sus actos u omisiones, de sus decisiones o de sus indecisiones. La sentencia abre expectativas de mayor alcance, debido a la gravedad inédita del suceso. Cabe recordar que las sobrevivientes y familiares de víctimas sufrieron constantes amenazas e intimidaciones. Pero en memoria de sus hijas, nietas y amigas, no claudicaron en su búsqueda de justicia y no deben hacerlo nunca.