Los tiempos preelectorales agitan el cotarro y embarullan las ansiedades politiqueras, entendido esto como aquellas maniobras que solo persiguen ambiciones grupusculares, tráfico de favores y agendas cortoplacistas que, dadas sus prácticas, son reacias a la cuentadancia y alérgicas a la fiscalización ciudadana, periodística y estatal. La relativa proximidad del relevo de autoridades a través de las urnas devela temores que desatan previsibles búsquedas de aliados a toda costa y de todo costo.

En el ciclo de los sucesiones institucionales este año correspondía el cambio de titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC), que ya debía estar en funciones desde el 13 de octubre. Sin embargo, el proceso pasó por una absurda aunque evidente carrera por tratar de insertar un favorito oficialista que apenas cumplía con el requisito de edad, mas no el de idoneidad, tanto por sus vínculos como por sus escasas consecuciones. La intentona contó con la disputa, demasiado oportuna, superficial y conveniente, entre colegios profesionales, que incluso fue a dar a la Corte de Constitucionalidad, lo cual retrasó la integración de la postuladora y con ello el proceso de recepción de expedientes y escrutinio de aspirantes, entre los cuales no faltó el consentido del oficialismo que de haberse respetado los plazos ni siquiera habría podido postularse.

Se debe exaltar el papel digno, el carácter técnico y el respeto a la ciudadanía por parte de la mayoría de integrantes de la comisión, que efectuaron una calificación exigente. Quedó fuera el apadrinado por no alcanzar la calificación mínima. Las votaciones fueron complicadas, pero al fin se presentó al Congreso, la semana recién pasada, la nómina de seis perfiles para dirigir la CGC.

En el Legislativo se exhibió una aplanadora de 115 diputados para la anticipada elección de la junta directiva del 2023. Puede parecer una alianza sólida, pero la proximidad de los comicios coloca a las bancadas aliadas en un dilema: confirmarse como allegados incondicionales del partido Vamos o desvincularse para tratar de aparentar, clamar o lucir cierto aspecto de opositor en la carrera a las urnas. Sobre la mesa de sus decisiones está la cuestionada iniciativa de una nueva ley de compras solicitada por el Ejecutivo, que amplía los montos de compras directas y con ello el riesgo de discrecionalidad. También ha llegado a plantearse la posible elección, largamente relegada, de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, para lo cual ya se habla de votos amarrados con una bancada que dice ser opositora, pero que ha apoyado despropósitos como la ampliación del botín vial de Q3 mil millones —aún sin uso claro— o el relajamiento de requisitos para gastos de fondos de Codedes y comunas, sobre los cuales una CGC responsable deberá exigir cotejos exactos.

En este cargado escenario se debe programar sin dilación la elección de nueva cabeza de la CGC. Lo correcto es que se entreviste con celeridad a los seis nominados para conocer sus planes de trabajo y evaluar méritos. No obstante, ante el frustrado plan de colocar a un alfil oficialista en la CGC son previsibles llamadas subrepticias y que se busque un “arreglo”, un pacto de favores o alguna avenencia de opacas implicaciones a cambio de apañar la designación. No debería ocurrir, pero ya ha pasado. En todo caso, el llamado a los seis finalistas es optar por la dignidad y una vez al frente de la CGC, su única misión es defender los recursos aportados por los ciudadanos. O sirve al pueblo de Guatemala o no sirve.