La crisis generada la semana pasada por el intempestivo anuncio del gobierno de dar un plazo de 45 días para adquirir un seguro obligatorio para todo tipo de vehículo se habría podido evitar o, por lo menos, prevenir que tomara las dimensiones que adquirió.

Contar con una póliza de daños a terceros en un país que como el nuestro registra cifras muy altas de accidentes de tránsito —más de ocho mil al año—, con decenas de personas fallecidas, heridas y/o incapacitadas, es más que necesario.

El problema no fue retomar el tema del seguro (que además está previsto en la ley) como una de las alternativas para evitar que cientos de víctimas de los siniestros viales queden desprotegidas y sin alternativas para hacer frente a los daños que ocasionaron o les provocaron; la cuestión fue el “cómo” se hizo. O, mejor dicho, lo que no se hizo.

Probablemente, haberlo hecho de forma escalonada habría provocado descontento en algún sector específico, pero una cosa es gestionar un “incendio” en una parcela y otra, muy distinta, uno en toda la pradera. Empezar, por ejemplo, con la obligatoriedad del seguro para las empresas de buses que transportan pasajeros y hacerlo junto a las organizaciones de víctimas de accidentes de tránsito y sus familias habría sido un primer paso. Pero hasta eso ameritaba planificación, estrategia y una bien armada campaña de comunicación y sensibilización que no apareció por ningún lado.

Ni siquiera hubo un proceso de consulta previa con las aseguradoras sobre el tipo de pólizas que ofrecen, sus coberturas y la armonización con el reglamento que pensaban aprobar. Tampoco consideraron que 45 días para asegurar a más de 4.5 millones de vehículos era un plazo que estaba fuera de la realidad. Y mucho menos se planteó generar una alternativa accesible de seguro con participación de la institucionalidad pública para no dejar todo en “manos” del mercado y ofrecer a la población opciones para poder cumplir. De eso se habló después, cuando el caos estaba instalado.

Preocupa mucho que, teniendo un ministro de Gobernación que ha navegado las aguas de la inteligencia estratégica, no se haya previsto el impacto que una medida de esta naturaleza podía provocar. No solo estaban disponibles los antecedentes de lo que ha ocurrido respecto del tema del seguro en años recientes; había que prever también la reacción de los múltiples actores y sectores que se verían impactados con la decisión, incluyendo estructuras criminales que han extendido sus tentáculos al ámbito del transporte.

Y, por supuesto, había que tomar en cuenta las turbulentas aguas en las que navega el gobierno, la frágil gobernabilidad que ha podido construir y el poder, capacidad de manipulación y de desinformación de sus enemigos políticos, que no desaprovechan ocasión para generarle desgaste y, menos, cuando este se les ofrece en bandeja de plata.

Ni hablar de la falta de empatía hacia la población que mostraron los funcionarios que salieron a anunciar y luego a reiterar la decisión. Si bien el presidente Arévalo la retomó en su mensaje de reculada, quedó muy claro que el primer círculo del gobierno inmiscuido en el tema se “olvidó” del problema de fondo: la falta de transporte público eficiente, permanente y seguro que obliga a la compra de motos, al pago de taxis “piratas” y a un sinnúmero de malabares que las familias guatemaltecas deben hacer para movilizarse en el medio de enorme precariedad.

Todo esto estuvo ausente y las consecuencias están a la vista. Alarma que Bernardo Arévalo no esté leyendo el contexto político que atravesamos y el tipo de gestión que se requiere para que un gobierno democrático como el suyo no sea solamente un paréntesis en la historia nacional.