Con el presupuesto y otras normas aprobadas recientemente por el Congreso, los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) arrancarán el 2026 con un bolsón de Q18 mil 44 millones.

La disposición de los recursos ocurrirá en año preelectoral y con menos candados, como lo establece la ley para la agilización del gasto de los Codedes.

El monto del que dispondrán las alcaldías, vía los Codedes, corresponde a una décima parte del presupuesto general de la Nación y es superior al de varios ministerios, incluyendo algunas de las carteras más robustas, como la de Salud Pública y Asistencia Social, a la que se le asignaron Q15 mil millones.

Otra forma de dimensionar el bolsón es que suma los presupuestos asignados a las carteras de Gobernación, Defensa y Comunicaciones.

La cifra se incrementa debido a que los diputados incluyeron, por tercer año consecutivo, una asignación para proyectos de agua y saneamiento, con cantidades específicas por municipio. Así, el aporte extraordinario a nivel nacional asciende a Q6 mil 312 millones.

El aporte ordinario aprobado es de Q4 mil 491 millones, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, más Q17 millones del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (Fonpetrol).

Como consecuencia de la aprobación del Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, para agilizar el gasto de los Codedes, durante el próximo año se podrán ejecutar los saldos no comprometidos durante este año. Según el último reporte del Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoin), ese monto asciende a Q7 mil 222 millones.

Ejecución exprés

Dicha ley, además de permitir el traslado del saldo no ejecutado, faculta a las alcaldías a ejecutar el presupuesto con menos controles, mediante el silencio administrativo positivo, que obliga a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) a responder en cinco días. De lo contrario, se tomará como autorizado el proyecto y podrá continuar su proceso de ejecución.

Esa medida también se aplicará a las entidades del Ejecutivo obligadas a emitir los permisos necesarios para ejecutar obras. Datos oficiales muestran que algunas carteras tardan hasta cuatro meses en emitir dichos permisos. Segeplán puntualizó que la entrada en vigor de la ley les afectaría, al no tener capacidad para responder dentro del plazo estipulado.

Por tercera vez

La asignación con criterios políticos se repite desde el primer semestre de la Décima Legislatura, lo que ha provocado un aumento de hasta el doble en el fondo de los Codedes. Sin embargo, esta decisión no se ha traducido en una mayor ejecución ni en más inversión en los municipios.

En 2024, durante la aprobación de la ampliación presupuestaria, se incluyó por primera vez un artículo con montos específicos por municipio. En esa ocasión, ni los diputados ni las entidades del Ejecutivo que respaldaron la medida pudieron explicar los criterios técnicos usados. Al revisar los montos, se evidenció una relación entre el presupuesto asignado y los votos de las bancadas cuyas alcaldías resultaron beneficiadas.

Ese año, la ejecución apenas superó el 60%, y el Ejecutivo lo atribuyó al cambio de gobernadores.

Para el presupuesto del 2025, los diputados nuevamente realizaron una asignación por municipio y autorizaron el traslado de fondos no ejecutados a los Codedes, con el fin de no perder los proyectos de inversión. Sin embargo, la ejecución no mejoró.

Los reportes oficiales muestran una ejecución de apenas 40%, lo que equivale a Q5 mil millones. Un informe reciente de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) revela que, en la última década, el presupuesto asignado a los Codedes se triplicó, pero la ejecución anual ronda los Q3 mil millones.

Críticas

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) se pronunció sobre el presupuesto y señaló que los fondos de los Codedes “no siguen criterios técnicos y podrían obedecer a intereses político-partidarios”.

Reiteran que se repite un nivel de ejecución “excesivamente bajo, especialmente en las asignaciones presupuestarias extraordinarias, consecuencia de carecer de sustento técnico y planificación previa, a diferencia de los aportes ordinarios”.

Agregan que continuar con asignaciones extraordinarias sin respaldo técnico desvirtúa el sistema jerárquico de consulta comunitaria y debilita a las entidades responsables.

El experto de Asíes, Érick Coyoy, mencionó que, entre la asignación por municipio y la Ley de Codedes, el papel de los gobernadores resulta irrelevante, al estar ya definida la distribución de fondos y recaer la ejecución en las municipalidades.

“El Ejecutivo, si realmente busca transparencia, deberá movilizar rápidamente sus sistemas y agilizar los procesos para tener capacidad real de respuesta”, afirmó Coyoy.

Añadió que ello repercute en obras con menor calidad técnica, además del riesgo de que el bolsón se utilice para ganar adeptos con fines electorales por parte de las autoridades locales.