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«100% de los vetos no cuentan con argumentos para ser aceptados», asegura Presidencia
El secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica, afirmó que el desconocimiento del veto al Decreto 7-2025 por parte del Congreso de la República, carece de validez legal, ya que el argumento presentado por los diputados no se ajusta al procedimiento constitucional vigente. Guerrero explicó que, según la documentación oficial de la Secretaría […]
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El secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica, afirmó que el desconocimiento del veto al Decreto 7-2025 por parte del Congreso de la República, carece de validez legal, ya que el argumento presentado por los diputados no se ajusta al procedimiento constitucional vigente.
Guerrero explicó que, según la documentación oficial de la Secretaría General de la Presidencia (SGP), desde hace más de 30 años los acuerdos gubernativos que acompañan los vetos presidenciales no incluyen fecha de entrada en vigencia, sin que ello haya representado un impedimento para su validez.
“De ocho presidentes, ocho legislaciones del Congreso de la República han conocido dichos vetos, y en la totalidad, el 100% no tienen los argumentos que ahora esgrimen algunos diputados”, aseguró.
#AhoraLH | El secretario Juan Guerrero se refiere a que, de los vetos aceptados por el Congreso de la República, el 100% de ellos no cuentan con los argumentos para ser aceptados.
📹: Fabricio Alonzo/LH
✍️: Kenneth Jordán/LH pic.twitter.com/bVfXo0lAE4— Diario La Hora (@lahoragt) October 10, 2025
El funcionario sostuvo que el Congreso incurre en un “error jurídico” al basarse en el artículo 3 del Decreto 18-16 para justificar su negativa a conocer el veto.
Según afirma, esa disposición no aplica a los trámites constitucionales de veto presidencial, esto según el artículo 178 de la Constitución Política de la República y en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, entre los artículos 129 y 130.
“Los diputados están aplicando una norma ordinaria por encima del procedimiento constitucional, lo que constituye un fraude de ley”, señaló Guerrero, quien además anunció que el Ejecutivo presentará un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para defender el principio de frenos y contrapesos del sistema republicano.
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La SGP detalló que el veto fue emitido dentro del plazo de 15 días hábiles establecidos por la Constitución —contados desde el 12 de septiembre—, y que la notificación oficial al Congreso se realizó el 3 de octubre.
Además, reiteró que la publicación del veto en el Diario de Centro América no es requisito de validez, citando al menos 19 precedentes entre 2006 y 2022 que respaldan el procedimiento seguido por el Ejecutivo.
La controversia surgió luego de que, el pasado 7 de octubre, diputados de oposición liderados por Allan Rodríguez decidieran desconocer el veto y aprobar la publicación del Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, bajo el argumento de que el acuerdo gubernativo carecía de fecha de entrada en vigencia.
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Sin embargo, Guerrero insistió en que el Congreso debió limitarse a conocer el veto, discutir su contenido y resolver si lo aceptaba o lo rechazaba, conforme a la “primacía legislativa”, en lugar de modificar de facto el procedimiento constitucional.
“El amparo que presentaremos será para defender el sistema democrático y representativo del Estado de Guatemala. El derecho de veto es una facultad constitucional del Presidente, y su desconocimiento vulnera el equilibrio entre poderes”, concluyó Guerrero.
