Con claridad se anunció, semanas antes del inicio de venta de boletos para el partido eliminatorio mundialista entre la selección de Guatemala y El Salvador, que supuestamente solo se venderían cinco entradas por persona y esta debía presentar número de documento de identificación, en fechas estipuladas para cada localidad. La disponibilidad de lugares era de 11 mil. La venta de las entradas fue tercerizada a una compañía, también supuestamente para gestionar el orden y la eficiencia de las masivas transacciones de guatemaltecos interesados en asistir.

La indignación no surge porque los boletos se hayan agotado “en minutos”, ya que eso es propio y lógico de los tiempos digitales y de la alta demanda de asistencia. El clavo, para decirlo en buen chapín, es que se vendieron cantidades escandalosas —combos voluminosos de 243, 200 o 175 entradas, pagadas con una misma tarjeta—. Otra proporción que denota incapacidad o dolo, aunque la boletera le endilga la culpa a la Federación Nacional de Futbol: en 23 transacciones se vendieron 2,370 boletos; es decir, más de cien por operación. ¿Y el límite de cinco? Si esto fuera un partido de futbol sería como una zancadilla sin balón, merecedora de tarjeta roja.

Además, según investigaciones de legisladores, existen otras circunstancias que despiertan dudas sobre la transparencia con la cual se maneja la boletería de un encuentro tan esperado. La Fedefut anunció que estarían disponibles 11 mil entradas, pero el informe presentado por la compañía boletera, por requisición del diputado José Chic, solo da cuenta de 10,627 vendidas oficialmente. No se registran más de mil 300 boletos de patrocinadores. No se detallan los criterios para el reparto de estos accesos, que, con todo y la autonomía del deporte, son un bien de interés público.

Este opaco escenario para un juego tan esperado por el país requiere de una explicación pública, lógica y documentada: si se trató de errores humanos, de imprevisiones de sistema para detectar o de un plan orquestado para beneficiarse de la especulación en las afueras del estadio el 4 de septiembre. Si se omitió cotejar identidades de compradores o el sistema no tenía tal requerimiento ya entrañaría otras deficiencias. Tales compras masivas arrastran la sombra de la reventa en mercado negro, sin controles, a precios abusivos y sin reportar ganancias a la autoridad fiscal. El laxo control fue presa fácil de mafias de la reventa, especializadas en el acaparamiento para el lucro ilícito.

Hasta ahora, la actitud de la Fedefut y de la empresa boletera ha sido de lavarse las manos, pero todavía hay una citación legislativa pendiente. El asunto debe ventilarse públicamente, pero también se necesita sentar un precedente ejemplar. Una primera medida sería atajar cualquier distribución de boletos fuera del canal oficial: toda reventa a precios arriba de los estipulados tendría que ser objeto de pesquisa por autoridades de la SAT y del Ministerio Público, con el apoyo de la PNC. Pero sería irrisorio pensar que un aficionado que logró dos boletos a pesar del barullo vaya a querer deshacerse de ellos.

Claro, ello a excepción de un diputado, incluido en la lista negra de corrupción del Departamento de Estado de EE. UU., que presumía en video de redes sociales lo difícil que había sido conseguir boletos, pero con unos 10 de ellos en mano. Su mensaje fue publicado cuando ya era amplia noticia el escándalo de la venta desigual. Pero ofrecía sortearlos entre quienes le dieran “me gusta”. Las reacciones iban desde elogios hasta recriminaciones y cuestionamientos sobre cómo logró obtener más de cinco.