Para el año preelectoral, los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes) dispondrán de más de Q18 mil millones. El Congreso les dio prioridad en el presupuesto para el 2026 y una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) mantiene vigente la ley que elimina candados y faculta el traslado de fondos.

El decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que permite trasladar para el 2026 los fondos de esa partida que no se gasten durante este año.

Algunos diputados opositores de la ley advierten que, en año preelectoral, el dinero podría ser mal utilizado para fines clientelares, proyectando que el dinero retenido podría llegar a los Q9 mil millones.

La ley fue promovida por la alianza coordinada por Luis Aguirre, del bloque Cabal, y Allan Rodríguez, de Vamos también reduce los controles para la autorización de proyectos.

El presidente Bernardo Arévalo vetó la ley, por considerar que es inconstitucional, pero su decisión no fue aceptada por el pleno del Congreso, que la mandó a publicar para que entrara en vigencia.

Los diputados argumentaron que el veto presidencial nunca fue publicado en el Diario Oficial, lo que restaba valor jurídico a la decisión del presidente.

En respuesta, la presidencia de Guatemala explicó que el veto no debía de ser publicado para que cobre vigencia. Incluso documentó más de 50 vetos presidenciales, que sí fueron aceptados sin haber sido publicados.

Fallo unánime

El análisis de la ley escaló a la CC por medio de dos inconstitucionalidades. La primera presentada por el bloque de diputados del Movimiento Semilla, y la segunda por la PGN.

Las dos acciones con cuestionamientos hacia la ley se unificaron en un solo expediente bajo conocimiento de la CC. La ponente del proyecto de resolución fue la magistrada Leyla Lemus, presidenta de la Corte.

El caso ya había llegado con anterioridad al pleno constitucional, que por mayoría de cinco a siete, no aceptó el proyecto de resolución que Lemus había presentado al pleno.

La @CC_Guatemala mantiene la ley de gasto exprés para los Codedes al no suspender el decreto 7-2025, como lo pidieron diputados oficialistas y la @PGNguatemala. Las acciones fueron presentadas luego que el @CongresoGuate no aceptó el veto enviado por el presidente @BArevalodeLeonpic.twitter.com/mWLzvErsTm

— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) November 27, 2025

Fuentes de la CC, que prefieren no ser citadas, explicaron que en aquella ocasión la presidenta recomendó la suspensión provisional de la ley.

La normativa impulsada en buena medida, por el diputado Rodríguez del partido Vamos, agrupación que llevó a Alejandro Giammattei a la presidencia, puesto desde el cual asignó a Lemus como magistrada constitucional.

Esa propuesta de suspensión provisional tan solo fue apoyada por el magistrado titular, Héctor Hugo Pérez Aguilera, el resto de titulares y los dos suplentes que conocieron el caso, no estuvieron de acuerdo.

El expediente fue puesto nuevamente en agenda, ya con el proyecto de resolución acordado por la mayoría, dando como resultado una resolución unánime de los cinco magistrados titulares y los suplentes Luis Rosales y Claudia Paniagua.