Un total de 20 constructoras que tenían contratos con el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) quedaron con el NIT inhabilitado —número de identificación tributaria— como consecuencia de los negocios que efectuó con la red de defraudación tributaria B410, dada a conocer el pasado 14 de agosto por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Estas empresas tenían 28 contratos que no habían terminado de ejecutar, según información detallada en Guatecompras. La diferencia entre lo adjudicado y lo ejecutado y que estaría por pagarse es superior a los Q443 millones.

La estructura B410 habría defraudado al fisco por un monto superior a los Q300 millones, a través de más de 400 empresas de cartón, la mayoría de las cuales fueron constituidas con una dirección inexistente, en una colonia que tampoco existe, en la zona 7 capitalina —Bambi—, y por el mismo notario.

El día en que las autoridades dieron a conocer el caso, el jefe de la SAT, Marco Livio Diaz, dijo que 21 contribuyentes que le venden bienes o servicios al Estado habían hecho negocios con la estructura B410.

Un reporte de la oficina de Acceso a la Información Pública del CIV, solicitado por La Hora, da cuenta de que las empresas a las cuales les fueron inhabilitados los NIT tenían contratos con la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL).

Puntualmente, este medio pidió a la oficina del CIV información de los pagos que han sido retenidos este año a cualquier constructora, por contratos firmados con unidades ejecutoras del Ministerio y que la razón de la suspensión del pago haya sido la inhabilitación del NIT.

Por esa razón, las empresas incluidas en el reporte —se deduce—, tenían pendientes estimaciones de pago de por lo menos estos 28 contratos de infraestructura que venían desde 2018 hasta 2024.

En la explicación, COVIAL enfatiza que la inhabilitación de los NIT de las constructoras obedece a que “la entidad contribuyente tiene obligaciones tributarias pendientes y se encuentra contemplada dentro de la denuncia penal ante el Juzgado A Pluripersonal de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera del Departamento de Guatemala —del caso “identificado como Estructura Grupo B-410”.

CONTRATOS DEL DECRETO 21-2022

En la información proporcionada por COVIAL no se detalla a cuánto ascienden los montos pendientes de pago que se retuvieron a las constructoras al conocerse la inhabilitación de sus NIT.

Sin embargo, La Hora rastreó los proyectos en Guatecompras y estableció que los contratos se firmaron entre 2018 y 2023 y se buscó la diferencia entre lo adjudicado y lo ejecutado.

En 2022 se firmaron 19, los más voluminosos tienen que ver con el Decreto 21-2022, Ley para Fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica, norma que autorizó al CIV el uso de Q3 mil 100 millones para invertirlos en carreteras y que fue muy cuestionada por la falta de criterios técnicos para seleccionar los proyectos, y porque la mayoría de estos fueron propuestos por diputados distritales.

Una publicación del pasado 22 de julio da a conocer que el patrón de los proyectos de este Decreto es que fueron adjudicados, se pagó una parte y luego quedaron a medias.

En los 28 contratos en mención hay una diferencia de Q443.64 millones entre el monto por el cual se adjudicaron los proyectos y lo que se ha ejecutado hasta el momento, lo cual estaría pendiente de pago, si es que hay estimaciones pendientes. Aunque hay montos que son mínimos, hasta de Q1 mil, hay otros contratos en los que la diferencia es millonaria.

El más significativo es el que se firmó con Construpav, S. A. cuyo objetivo era “el mantenimiento periódico de la red vial”, de acuerdo con el Decreto 21-2022.

Puntualmente, la compañía dio mantenimiento a un tramo de 87.5 kilómetros entre la cabecera de Huehuetenango y la frontera con México, en La Mesilla, para lo cual firmó un contrato por Q285.2 millones, de los cuales se han ejecutado, hasta el momento, Q103.5 millones; es decir, queda pendiente de ejecución y pago Q181.7 millones.

En seguida se encuentra otro proyecto relacionado al mismo decreto, ejecutado por V & T, S. A. para el mantenimiento de la carretera Interamericana (CA1 Occidente), un total de 23.5 kilómetros a trabajarse en ciertos tramos entre Sololá y Totonicapán. Por estos trabajos se firmó un contrato por Q137 millones, de los cuales están pendientes de ejecución al día de hoy, Q43.5 millones.

También con el aval del Decreto 21-2022 se firmó un contrato con la constructora Construcción, Movimiento y Vivienda, S. A. por Q46.4 millones para el mantenimiento de la red vial, puntualmente la ruta nacional 11, del tramo de Godínez hacia la aldea Agua Escondida en San Lucas Tolimán, un total de 15.4 kilómetros. Hasta el momento se ha ejecutado Q20.8 millones, lo que significa que están pendientes de pago Q25.53 millones.

De igual forma Covial adjudicó un contrato por Q26 millones a Constructora y Transportes J P para el mantenimiento de una ruta en el departamento de Guatemala que comunica al centro de San José Pinula con la aldea Santa Rita, 8.7 kilómetros.

La Hora publicó el pasado 17 de mayo un artículo en donde se consignan las declaraciones del representante legal de la empresa quien dijo que el CIV no les había pagado los trabajos ya efectuados, razón por la cual el mantenimiento solo abarca los primeros kilómetros.

Según información de Guatecompras, del total del contrato solo se han pagado Q6.5 millones, pese a que, en su oportunidad, el Congreso aprobó el financiamiento para esta obra, y que la Ley consignaba que los proyectos y montos no se podrían modificar. Este artículo fue suprimido en agosto pasado con la aprobación del Decreto 17-2024, Ley ampliación presupuestaria.

Asimismo, otro contrato que está pendiente de ejecución es el que se adjudicó a Constructora Petén, para el mantenimiento de tres tramos carreteros en el aquel departamento. El contrato, también se firmó bajo el auspicio del Decreto 21-2022, y fue por Q62.6 millones, de los cuales se han pagado Q53.3 millones, y quedan pendientes Q9.3 millones.

Otros siete contratos se adjudicaron por estados de Calamidad decretados por emergencias naturales, por un monto de Q112.7 millones, de los cuales se han pagado Q95.9 millones, lo que significa que está pendiente de ejecución y pago Q16.9 millones por estos contratos.

Cuatro se firmaron para el mantenimiento de la red vial no pavimentada por un monto de Q53.4 millones, de los cuales están pendientes de ejecución Q26 millones. Los restantes 13 contratos se firmaron por Q117 millones, de los cuales se han ejecutado Q114.8 millones, quedando una diferencia por ejecutar de Q2.2 millones.

DEFRAUDACIÓN

El entramado de la estructura B410, develado por la SAT el pasado 14 de agosto, es considerado como el caso de defraudación tributaria más grande que se ha dado a conocer en el país, incluso más que La Línea, que llevó a la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, en 2015.

Según la investigación del ente recaudador, las 410 empresas se instituyeron para defraudar al fisco por más de Q300 millones, cifra que podría aumentar hasta los Q800 millones. Por lo menos nueve de estas empresas habrían facturado bienes y servicios por Q81 millones a diversas instituciones del Estado, entre 2021 y 2023, que se desconoce si los recibieron.

La Hora publicó dos artículos en los cuales da a conocer que varios de estos productos se vendieron con sobreprecio. La mayoría de estas adquisiciones las hizo el Ministerio de Gobernación. Entre los artículos comprados a precios por arriba de lo normal, se cuentan desde materiales de construcción hasta tortillas, carne de cerdo y otros insumos.

La gran mayoría de las compañías de B410 contaban con una dirección física inexistente y no tenían trabajadores, instalaciones ni estados de cuenta que respaldaran las millonarias transacciones que hicieron.

INVESTIGACIONES

El día que se presentó el caso B410, este medio publicó un artículo en el que da a conocer que la estructura develada por la SAT apunta a Miguel Martínez, ex jefe del Centro de Gobierno y pareja del expresidente Alejandro Giammattei.

Hasta el momento no se conocer mayores acciones por parte del Ministerio Público (MP), más que algunos operativos efectuados por la Fiscalía de Delitos Económicos, sin que se conozcan de más resultados.

Tampoco se conoce si alguna otra fiscalía podría involucrarse en las investigaciones.

Por otro lado, el intendente de Fiscalización de la SAT, Oscar Hernández, dijo que unos 29 amparos han presentado las empresas para lograr ser afiliadas nuevamente al régimen del IVA.

MP dice que investiga por peculado y fraude proyectos del Decreto 21-2022