En el 2026, Guatemala tendrá una inédita confluencia de cuatro relevos institucionales y, por ende, sendos procesos de postulación, establecidos en ley, para definir la dirección de cuatro instituciones claves para la democracia y el Estado de derecho. Se elegirá a nuevos magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral, una nueva jefatura del Ministerio Público y fiscal general; también se producirán las designaciones para integrar la próxima magistratura de la Corte de Constitucionalidad y un nuevo titular de la Contraloría General de Cuentas.

En esencia, son procesos normales que, a causa de distintos períodos legales de gestión, coinciden en un año. Esto despierta alto interés de múltiples sectores, grupos políticos y económicos, operadores, academia y de las propias entidades que tendrán nuevos mandos. La puerta simbólica de esta secuencia de cambios se abrirá en enero próximo, cuando el Congreso efectúe sendas convocatorias de comisiones de postulación para magistrados del TSE 2026-2031 y para jefe del MP. Si bien este mecanismo, integrado por rectores y decanos universitarios, ha sido cuestionado por deficiencias previas, sigue siendo la vía institucional para recibir y calificar los expedientes de aspirantes.

El primer proceso será el del TSE, que debe asumir el 20 de marzo del 2025, para un plazo de cinco años; es decir que estará a cargo de organizar los comicios generales del 2027 y 2031. El actual pleno del TSE está integrado por una titular y cuatro suplentes, debido a la suspensión de cuatro titulares, por una acusación de supuesta sobrevaloración que no avanza y el asedio judicial en contra de los resultados de las elecciones del 2023. El 17 de marzo del 2020, el actual TSE fue designado y juramentado por el Congreso, a pocos días del cierre sanitario por la pandemia.

Después de dos períodos de cuatro años, la fiscal general Consuelo Porras —designada por el presidente Jimmy Morales en el 2018 y reelecta por el mandatario Alejandro Giammattei en el 2022—, el Ministerio Público cambiará de mando. Este puesto será designado por el presidente Bernardo Arévalo, contra quien el MP de Porras ha emprendido diversas acciones, así como contra su partido; primero, para tratar de frenar que asumiera el cargo y, recientemente, acusándolo directamente de supuesta corrupción en el convenio de provisión de medicinas con las Naciones Unidas, caso que el gobernante ha calificado de espurio y desesperado.

Así también, el presidente debe designar, en el 2026, a dos magistrados, titular y suplente, de la Corte de Constitucionalidad, junto con el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados y Notarios. Dada la configuración de los poderes del Estado, la correlación de fuerzas del máximo tribunal podría variar notoriamente respecto de la actual. Aún está por verse cómo termina su año el Congreso, enzarzado en la disputa por la siguiente directiva y también por la definición del presupuesto del 2026, pero sin duda el botín político más grande está en su papel para definir TSE, CC y CGC.

La Corte Suprema de Justicia repite el sainete de retraso en la elección de su presidente, en medio de la polémica por la designación de nuevos magistrados de sala, que recibió aval de una CC con integrantes ávidos de ser reelectos, aunque en el panorama ya no caben todos. En el 2026 también tocará relevo de rector de la Universidad de San Carlos; el actual, Walter Mazariegos, busca otro período a través de jugadas amañadas: también es elector de la CC, y esto dará lugar a codazos entre aspirantes.